Andalucía instó este viernes al Gobierno central a llevar a los tribunales al Ejecutivo de Esperanza Aguirre (PP) si decide privatizar los servicios de evaluación de personas dependientes, una función que la ley atribuye exclusivamente a la Administración pública. 'Si [Aguirre] no tiene funcionarios, que los convoque, pero no porque lo diga yo, sino porque la ley encomienda taxativamente esa tarea a un equipo público; si privatiza ese servicio, entonces el Gobierno deberá recurrirlo', manifestó ayer la consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro (PSOE).

La presidenta madrileña aseguró esta semana que el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia se solucionaría si la valoración de los solicitantes de la ayuda la pudieran realizar compañías de seguros y agencias especializadas. 'Quiere hacer con el desarrollo de la Ley de Dependencia lo mismo que hace con otras parcelas como la sanidad, y con esa actitud no daña al Gobierno de Zapatero, sino a los madrileños', añadió contundente Navarro en la presentación del balance de la ley, tres años después de su aprobación.

Aún quedan retos, pero los datos aportados el viernes por la consejera ponen a Andalucía la comunidad que mejor aplica la norma, según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, a la cabeza de España. Con más de 189.000 prestaciones concedidas, Andalucía aglutina el 33,8% del total nacional, un porcentaje que casi duplica el peso poblacional de la comunidad (el 17%).

'Tenemos el mismo número de beneficiarios que 11 comunidades autónomas juntas. Y sólo en la provincia de Jaén se han concedido casi las mismas ayudas que en toda la Comunidad de Madrid, que tiene 5,5 millones más de habitantes', destacó Navarro. Jaén, una de las provincias andaluzas menos pobladas (667.000 habitantes) había concedido hasta el pasado noviembre más de 20.000 prestaciones, frente a las 21.000 registradas en Madrid hasta ese momento, con 6,2 millones de habitantes.

Actualmente, Andalucía, que ha duplicado las prestaciones en 2009, con 100.000 ayudas más, multiplica por cinco el número de beneficiarios existentes en la comunidad de Madrid (26.287).

Y, pese a la crisis, la Junta continúa concediendo prestaciones. De hecho, la consejera negó rotundamente que una situación económica difícil pueda mermar el presupuesto. 'Estamos hablando de un derecho de las personas, mucho más necesario si cabe en tiempos difíciles, por lo que se trata de ajustar la inversión a las necesidades y no al contrario', dijo.

El presupuesto que este año destinará la Consejería de Igualdad a la dependencia aumentará un 49% con respecto al de 2009, cuando la inversión superó los 730 millones de euros. Andalucía es la única comunidad, además, que transfiere a los ayuntamientos el 100% del coste de la ayuda a domicilio, y con seis meses de antelación. El 54% de todas estas prestaciones en España han sido concedidas en Andalucía, y su aprobación ha supuesto la creación de más de 11.000 empleos en 2009.

Con respecto al gran volumen de las ayudas económicas para cuidados familiares, calificadas en la ley como excepcionales, la consejera destacó que su comunidad ha reducido el desfase hasta el 46,4% y ahora se encuentra por debajo de la media nacional, que supera el 50%.

Andalucía también aprueba con nota el tiempo que esperan los dependientes hasta recibir la prestación. Según la consejera, la media es inferior a los seis meses.