En el argumentario del PP, hay grabadas con letras de oro una serie de ideas. Entre ellas está la unidad de España y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El presidente de los conservadores, Mariano Rajoy presume de que en su partido, a diferencia del PSOE, existe 'un solo discurso nacional. Y no 17', tantos como comunidades. Y de expresar su deseo para España: 'Quiero que sea un país de ciudadanos libres e iguales en todo y por supuesto ante la ley'. Este discurso chirría al examinar el cumplimiento de la legislación nacional en los feudos del PP.

En esto, las comunidades del PP no miran en la misma dirección. Sirva como ejemplo el bloqueo al que Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana, los principales graneros de votos del partido, tienen sometida la Ley de Dependencia. O el empeño de la Generalitat en derribar el barrio de El Cabanyal, pese a la orden en contra del Ministerio de Cultura. Estas comunidades suman cerca de 13 millones de habitantes, más del 27% de la población española.

'Esto evidentemente crea un Estado de ciudadanos de primera y segunda categoría', reconoce un dirigente conservador. Pero carga sobre Zapatero: 'Dicta leyes sin preocuparse de su aplicación'.

'Llegamos hasta donde llegamos. Pero desde la total lealtad a las instituciones', completa un veterano diputado.

'Rajoy pide siempre que no se transgredan las leyes. Pero es muy tentador ir a contracorriente', admite un dirigente regional del partido.

¿Por qué entonces Rajoy no da un toque a sus líderes en Madrid, Esperanza Aguirre; Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps? La respuesta la ofrece un parlamentario que en su día integró el denominado sector crítico: 'El peso de las baronías es el peso de las baronías. Bastante tiene Rajoy con la corrupción como para abrir otro frente', sentencia.

Las comunidades del PP culpan de su boicot al Gobierno socialista

Más allá de la lucha ideológica entre Gobierno y oposición por el reparto de competencias, las citadas autonomías han recibido ya algún toque de atención poniendo de manifiesto su insumisión a las leyes. Es el caso del último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En sus conclusiones, se lamentaba de que en la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia además de Canarias no exista 'la voluntad institucional' de implantar el sistema.

A continuación se repasan las principales resistencias del PP a aplicar la ley.

La culpa... del Gobierno

'Resulta inadmisible convertir algo tan sensible como son las necesidades más básicas de la vida diaria de las personas en situación de dependencia y sus familiares en un terreno para la confrontación política', advierte el último informe del Observatorio de la Dependencia a Aguirre, Camps y Valcárcel.

Pese a la insistencia de estas comunidades en que aportan a la aplicación de esta ley mucho más de lo que hace el Estado y que su población dependiente ya estaba siendo atendida antes de que la ley entrara en vigor, los datos son otros.

El citado informe se lamenta de que en estas comunidades 'apenas se registran avances en la implantación del sistema' y de que 'el número de solicitudes, valoraciones, dictámenes y prestaciones económicas y servicios que oferta de manera efectiva, así como sus compromisos económicos, están muy alejados de los resultados que ofrecen en estos mismos parámetros el resto de comunidades'.

La semana pasada, Aguirre quiso argumentar los defectos de aplicación de esta ley en su comunidad recordando que ella a aporta 830 millones anuales en este concepto, mientras que del Gobierno sólo le llegan 40. 'El 10% de lo que invertimos'. Sí admitió que 'se tarda mucho en valorar el grado de dependencia de las personas'. Pero para culpar también al Gobierno: 'La ley nos ha impuesto que los que valoren sean funcionarios. Y no hay tantos'.

En la Generalitat mantienen que el Gobierno invade sus competencias

Murcia aparece especialmente señalada en el informe citado porque, 'a fecha de hoy, tres años después de la aprobación de la ley, ni siquiera ha promulgado normativa alguna para su implantación en esa comunidad, en un claro desprecio hacia lo que deben ser los derechos subjetivos y las consiguientes obligaciones de las administraciones competentes'.

El secretario general de Política Social de Murcia, Fernando Mateo, mantiene que esta ley es 'totalmente legítima' y que nació para garantizar igualdad de derechos. Y asegura que, con independencia de que en Murcia no se hayan desarrollado los decretos de la ley, esta 'se está aplicando escrupulosamente. Tenemos absoluta lealtad institucional al Estado'.

En este sentido, mantiene que en su comunidad hay 17.000 personas que se benefician de la ley, que el 54% que ha solicitado prestación ya la tiene y que el 85% de los que han solicitado valoración ya la ha recibido. 'Cuando hemos tenido contacto institucional con la Administración del Estado, nos han manifestado públicamente que estamos haciendo un esfuerzo'. A juicio de Mateo, 'los desarrollos reglamentarios los tenía que haber desarrollado el Estado'.

Mientras, un miembro del comité ejecutivo nacional mantiene que el problema no está 'en la falta de voluntad del PP, sino en la falta de financiación', una tesis que también sostienen desde Valencia.

Rechazo de fondos

Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana son las únicas autonomías que no han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para poner en marcha el plan Escuela 2.0. Este pretende que en un plazo de cuatro años los escolares a partir de 5º de Primaria tengan acceso a un portátil. En total, estas comunidades han perdido 26 millones de euros para el plan (11,1 Madrid y Valencia, y 3,9 Murcia).

El Observatorio de la Dependencia ha criticado la actitud del PP

Mientras que en la Comunidad Valenciana justifican su rechazo a los fondos del Gobierno a que los ordenadores marcados por el ministerio pueden provocar defectos visuales, en Madrid, en el departamento dirigido por Lucía Figar, mantienen que van a esperar un año más para la implantación del programa.

Además, recuerdan que la Comunidad apuesta porque los ordenadores sean de mejor calidad y mayor tamaño, que la financiación implique la conectividad y por un sistema de implantación más flexible. Similares argumentos esgrimen en Murcia, a la vez que recuerdan que sus propuestas no han sido escuchadas por el Gobierno.

'Existe un problema de carencia de las reglas del juego que hace que el Estado de las autonomías sea muy difícil de gobernar', analiza un diputado conservador.

De espaldas a Cultura

La polémica sobre la prolongación de la avenida valenciana de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal dura ya diez años. Y es el último ejemplo de las batallas que libra Francisco Camps con José Luis Rodríguez Zapatero.

Hace poco más de una semana, el Ministerio de Cultura paralizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Ayuntamiento, en manos de la conservadora Rita Barberá, al entender que este suponía una destrucción del patrimonio de la ciudad.

Era la respuesta del departamento dirigido por Ángeles González-Sinde a una sentencia del Supremo que le obligaba a pronunciarse sobre la posibilidad de que existiese un supuesto expolio al patrimonio cultural. La reacción de Barberá para burlar la decisión del Gobierno fue inmediata. En menos de una semana, el Consell dio luz verde con carácter de urgencia a un decreto ley que autoriza la demolición de las casas integradas en la zona declarada Bien de Interés Cultural y que 'prevalece' sobre la orden del Ministerio. Es la forma con la que Camps pretende sortear la sentencia. El enfrentamiento acabará en los tribunales.

'Se crean ciudadanos de primera y de segunda', admite algún dirigente

Desde la Generalitat aseguran que es Cultura la que ha invadido las competencias de la comunidad. 'Esto no ocurriría si en las normas prevaleciese siempre el criterio del Estado', justifica un dirigente intentado poner la pelota en el tejado del Gobierno.

Desde el Gobierno central consideran inaudito que el PP defienda que una orden ministerial puede ser anulada por la legislación de una comunidad autónoma. El empecinamiento de Camps y Barberá por derribar El Cabanyal podría privar a los valencianos de su derecho a conservar el patrimonio cultural de su ciudad.

¿Libertad restringida?

A finales del pasado año, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció sus planes de endurecer la ley antitabaco para prohibir fumar en los espacios públicos cerrados. Pero Madrid no se lo va a poner fácil. Ya lo ha dicho Aguirre: 'Si de verdad se quiere hacer una ley antitabaco, que no se venda el tabaco en los estancos y no se beneficie de los impuestos el Gobierno. Que se prohíba'.

Por su parte, el Consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, y el vicepresidente, Ignacio González, argumentan la postura de la Comunidad bajo el paraguas de que las restricciones de la libertad individual no son buenas.

Si la presidenta madrileña no da su brazo a torcer en esta materia, los ciudadanos madrileños serán privados del derecho a disfrutar de lugares públicos cerrados sin el humo del tabaco, algo de lo que si podrán beneficiarse en el resto de comunidades autónomas.

En el partido explican que 'Aguirre cree que en estos momentos ser más flexible y espontánea le genera mayor aceptación, por lo que adopta esta actitud para que el cabreo que se produzca lo asuma el Gobierno'.

A la hora de buscar una explicación a la rebeldía de estas comunidades, la primera duda que surge es la de si el electorado premia estas actuaciones. El consultor político Fermín Bouza mantiene que no. “El electorado es muy poco sensible a estas desobediencias”.  A juicio de Bouza, los ciudadanos se mueven más por las motivaciones económicas. “Salvo que haya un voto político, como ocurrió el 11-M, el electorado no da ningún tipo de importancia ni a estas desobediencias ni a la corrupción”.

Mientras, Julián Santamaría, catedrático de Ciencia Política y presidente de Noxa Consulting, entiende que si estas comunidades mantienen esta postura, “es porque piensan que sus electores son sensibles a las políticas que están adoptando”. Así, recuerda que las autonomías en cuestión se enfrentan al Gobierno de la nación en comunidades “donde es minoritario”.Para Santamaría, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana incurren en una mala práctica “que no tiene justificación legal o moral y que contribuye a desprestigiar el funcionamiento de las instituciones y a deslegitimar al Gobierno”. Pero también precisa que esta postura les resta credibilidad. “Amparándose en las competencias que tienen para ejecutar las leyes generales, rehúyen hacerlo con ese tipo de argumentos estrafalarios y rebuscados”, añade después de recordar que la Constitución no fija con suficiente claridad la línea de demarcación de las competencias entre Estado y regiones. Mientras, un alto dirigente conservador se muestra convencido de que “el sistema de distribución de competencias da margen a las comunidades para que puedan hacer sus interpretaciones”.