Rafaela Rey y Maite Muñoz están cansadas de esperar. No hay forma de que reciban las ayudas de la Ley de Dependencia que la Comunidad de Madrid ha reconocido a sus respectivas madres. Ambas presentaron la solicitud en el verano de 2007, unos meses después de que entrara en vigor la norma, pero como muchos otros miles de madrileños de momento sólo han recibido largas de la Administración autonómica.

Sus quejas son las primeras que ha tramitado el recién creado servicio jurídico de las 38 plataformas de la dependencia de la región, coordinadas por el PSM-PSOE. Los abogados enviaron las reclamaciones de Rafaela y Maite el viernes pasado a la Consejería de Asuntos Sociales después de analizar sus expedientes.

Una plataforma remite decenas de protestas al Gobierno regional

El martes de la semana pasada, el Partido Socialista de Madrid anunció la puesta en marcha del servicio jurídico de atención a los dependientes. Para atender las quejas, habilitó un número de teléfono (900 10 14 71) que, en teoría, iba a empezar a funcionar ayer. No obstante, al hacerse público el servicio, decenas de personas empezaron a llamar y se adelantó su puesta en marcha.

Desde el miércoles pasado, se han recibido unas 300 llamadas, de las cuales los abogados ya han empezado a tramitar los expedientes de 80 personas. Entre hoy y mañana, los responsables de este servicio presentarán al Gobierno regional otras 30 reclamaciones, similares a las deRafaela y Maite.

La madre de Rafaela, Antonia, sufrió un ictus en 1999 que la dejó inmóvil en una silla de ruedas. Las esperanzas que Rafaela depositó en la ley cuando presentó la solicitud de su madre, en junio de 2007, se han ido desvaneciendo con el paso de los meses.

Un 47% de las ayudas concedidas aún no se ha hecho efectivo

Primero la evaluaron mal, reconociéndole un grado y nivel de dependencia mínimo, sin ni siquiera haber visitado a la mujer, de 81 años. Solucionado el error y dictaminado el máximo grado y nivel, su queja se centra ahora en el retraso de las subvenciones.

El mes de agosto pasado, la Comunidad de Madrid comunicó que le concedía la ayuda económica para el cuidador familiar, en este caso, Rafaela. Su madre no quiere salir de casa y ella está en el paro desde hace unos meses. Pero esa ayuda no llega.

La madre de Maite, de 88 años, está en una situación similar. También se le ha concedido la ayuda al cuidador familiar, el pasado julio, pero no se ha hecho efectiva. El abogado de las plataformas que ha analizado sus casos, Wilfredo Jurado, explica que la mayoría de quejas que reciben se debe a este tipo de retrasos.

Los expedientes quedan 'en punto muerto, en un limbo administrativo'

La ley establece que, una vez dictaminado el grado de dependencia, cuyo trámite se ha agilizado desde los inicios de la norma, se debe determinar el Proyecto Individual de Atención (PIA), que determina el tipo de ayuda que se concede. Y es ahí donde se amontonan los expedientes. Un 47% de los madrileños con PIA aún espera que se haga efectiva. La media en el resto de España se reduce al 35%.

Jurado explica que, técnicamente, hasta que el dependiente no percibe la protección, para la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid se trata de una propuesta de PIA, que no es firme. De esta manera, los expedientes quedan 'en punto muerto, en un limbo administrativo', como explica el abogado.