El Gobierno de Esperanza Aguirre se alinea con las políticas de inmigración del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, justificó hoy que lo que pretende el consistorio al exigir ciudadanos que se quieran empadronar en el municipio una serie de requisitos es evitar los 'domicilios patera'.

Sin embargo, el objetivo del Gobierno popular de Torrejón parece ser que es disuadir a la población inmigrante de vivir en la localidad, ya que evalúa la eficacia de la medida en relación a la bajada de inmigrantes que ha conseguido con ella,  como adelantó Público.es

En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, González apuntó, como solución a la inmigración ilegal, una doble vertiente: eliminar el doble lenguaje, tener claro lo que se quiere hacer con la inmigración y hacerlo 'ordenadamente y con unas condicones legales claras para todos y estables'. 'Lo que no puede ser es que en un periodo de tres o cuatro años hayamos tenido tres o cuatro leyes de inmigración', manifestó.

El vicepresidente regional reconoció que ha hablado con el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, e indicó que el procedimiento de empadronamiento de este municipio madrileño es distinto al que plantea Vic. 'Lo que ha hecho Torrejón, dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento es que, para empadronar, a efectos de defender los derechos de los inmigrantes, exige que acredite las condiciones de ese domicilio para evitar una cosa que ha sido largamente denunciada como son los domicilios patera', agregó.

En este sentido, González indicó que estos fraudes se cometen cuando en un sólo domicilio se empadronan a 50 personas. 'Ese tipo de situaciones son las que se han tratado de evitar, pero precisamente aplicando las condiciones que establece la propia Ley. Creo que en el empadronamiento, al final lo que tienen que hacer los ayuntamientos, como en todo, es aplicar la ley. Si la ley exige unas determinadas condiciones, son las que hay que aplicar.

Lo que no puede ser es que cada uno aplique lo que quiera', apostiló.

Por ello, el vicepresidente regional manifestó que si la legislación no es clara a este respectó, habrá que cambiarla, 'pero la ley tiene que ser igual para todos'.

Respecto a la inmigración en general, González apostó por eliminar el 'doble lenguaje' y regularla 'de una manera ordenada y legal' como principio básico y no decir 'que aquí o en cualquier país pueda entrar quien quiera, porque eso no es posible'. 'Hay que hacerlo ordenadamente y además hay que hacerlo con unas condiciones legales que sean claras para todos', añadió.

Para el 'número dos' del Gobierno regional, las leyes sobre inmigración tienen que ser 'estables'. 'No puede ser que aquí, en un periodo prácticamente de cuatro años hayamos tenido tres o cuatro leyes de inmigración, dos o tres procesos de regulación.

Eso no es razonable. La inmigración tiene que ser ordenada, siempre va ligada a las posibilidades de oferta de desarrollo, fundamentalmente profesional y económico', apuntó.

En ese sentido, señaló que cuando los países tienen un desarrollo económico alto y ofrece posibilidades de empleo y, por lo tanto, de promoción personal, evidentemente se convierten en un reclamo para la inmigración y, por ello, 'lo que tienen que hacer las autoridades es tratar de ordenar ese movimiento migratorio de la mejor manera posible. Siempre habrá gente que se cuele, peor hay que tener claro eso y dar prioridad a esa organización'.

No obstante, González aseguró que actualmente no existe la misma presión migratoria que anteriormente porque 'desgraciadamente España es el país con más paro del mundo'. 'Es evidente que nadie quiere venir aquí porque aquí no hay posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y una oportunidad de desarrollo regional.

Eso ordena por sí mismo la inmigración', destacó.