El Gobierno está decidido a hacer hoy una exhibición de carácter reformista con dos propuestas con las que forzará a la oposición política a mostrar sus cartas en temas de alta sensibilidad. Por un lado, el Ejecutivo aprobará una propuesta de reforma del sistema de pensiones, que contempla medidas como elevar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, según fuentes del Gobierno. Además, pondrá sobre la mesa un drástico tijeretazo al gasto, con un ahorro de casi 50.000 millones de euros, que pretende acallar las críticas de las instituciones internacionales por el elevado déficit público.

En principio, el Gobierno quiere subir la edad de jubilación hasta los 67 años de forma gradual, un mecanismo similar al que se utilizará en Alemania. El año de partida para iniciar esta subida podría ser 2013, según informa la agencia Colpisa, aunque otras fuentes apuntan a que esta fecha podría dejarse a la negociación con los partidos políticos. En cualquier caso, se tomaría un periodo de al menos 12 años en el que cada año se aumentaría la edad legal de cotización dos meses. Por ejemplo, en 2013, un jubilado se podría retirar cuando cumpliera 65 años y dos meses. El informe que presentará el Gobierno se debatirá en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que tiene que aprobarlo por unanimidad.

Alemania también ha elevado la jubilación a los 67 años gradualmente

Una vez que se alcance el umbral de los 67 años, la idea del Gobierno es que se introduzca un factor de sostenibilidad; esto es, que se ligue de alguna forma la edad de jubilación a la esperanza de vida de cada momento.

Este modelo de cálculo de pensiones es el que se sigue en Portugal y Finlandia, e introduce una variable automática para regular la edad de jubilación, de tal manera que esta varía anualmente en función de la evolución de la esperanza de vida. Según los expertos, estos mecanismos de ajuste automático despolitizan la gestión del sistema y lo ligan a la longevidad, una de las variables que más le afectan.

Los cambios que introducirá el Gobierno están relacionados con el envejecimiento progresivo de la población, que supone una presión creciente sobre el sistema. La tasa de dependencia (la relación entre cotizantes y pensionistas) pasará del 24,4% actual al 34,4% en 2030, según Eurostat.

Los ajustes automáticos despolitizan las pensiones

En cualquier caso, la Seguridad Social mantiene todavía un holgado superávit. El saldo positivo fue de 8.502 millones de euros en 2009. De ellos, dos mil millones se destinarán a ampliar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), que acumula 71.000 millones.

Además, el programa del Gobierno contempla ampliar el tramo de vida laboral que se utiliza para calcular las pensiones, actualmente 15 años.

No está claro hasta dónde se ampliaría el nuevo cómputo que puede afectar o beneficiar a los cotizantes, según hayan sido sus últimos años de vida activa. Muchos expertos consideran que extender el periodo de cómputo es más justo por ser más proporcional al esfuerzo del cotizante.

Ayer, ya se escucharon las primeras críticas a las reformas. El PP pidió al Gobierno que cumpla los pactos anteriores antes de proponer otras medidas. Pero la respuesta más beligerante vino de IU, que calificó la propuesta de 'pensionazo sin precedentes' que supondría 'la absoluta ruptura con la izquierda parlamentaria y la quiebra total del pacto social', aseguró Gaspar Llamazares a Público, informa J. Romero.

El otro frente que se abre hoy es el del recorte en el gasto público. El plan con el que el Gobierno quiere recuperar la credibilidad de los inversores internacionales se graduará hasta 2013. Afectará a todos los capítulos de gasto, excepto a las políticas sociales, tal y como había prometido el presidente, al I+D y a la educación.

Ayer, ya se escucharon las primeras críticas a las reformas

Fuentes gubernamentales consideran que el programa de recorte llega 'en el momento justo', después de que las medidas adoptadas hasta ahora hayan logrado frenar la crisis económica. Además, el ajuste 'protege a los más débiles'. El proyecto fue debatido en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de ayer, pero no se entró en el detalle de las cifras, que se discutirán hoy en el Consejo de Ministros.

El capítulo de infraestructuras es uno de los que corren mayor riesgo, pero el ministro de Fomento, José Blanco, confía en salvar su plan extraordinario de 15.000 millones en tres años que prevé tener listo este mes. Este plan no entra en las cuentas públicas porque el Banco Europeo de Inversiones financia el 50% , otro 25% corre a cargo del ICO, y el 25% restante lo costearán las adjudicatarias y la banca.

Blanco trabaja para que el recorte no afecte a la inversión productiva de su ministerio, informa S. R. Arenes.