El Tribunal Supremo (TS) ha abierto una nueva investigación contra el juez Baltasar Garzón. Ayer admitió a trámite, con el informe en contra del fiscal, la segunda querella presentada por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea contra el magistrado de la Audiencia Nacional por las cantidades pagadas por Banco Santander durante su estancia en Nueva York.

Este procedimiento, por el que Garzón tendrá que volver a declarar como imputado en el Alto Tribunal, se suma al que tiene abierto por prevaricación por haber iniciado el primer proceso penal contra los crímenes del franquismo. De hecho, los querellantes solicitaron ayer mismo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que suspenda cautelamente al juez Central de Instrucción número 5, algo que sólo se suele hacer cuando la acusación parte del fiscallo que no ocurre en este caso o la investigación ha llevado ya a sentar en el banquillo al magistrado en cuestión.

El auto divide en tres los hechos denunciados por los querellantes, quienes imputan a Garzón los delitos de estafa, cohecho y prevaricación. El primero se refiere a la presunta ocultación al CGPJ de que cobró un sueldo.

El Supremo señala que esta parte de la nueva querella se resolvió en el auto que rechazó en marzo de 2009 la primera presentada por Mazón y Panea. Dicha resolución entendía que no había delito, pero remitía las actuaciones al Consejo, por si Garzón había cometido una falta disciplinaria. El CGPJ archivó el caso en junio, aunque luego lo reabrió.

Pero en lo que sí han aparecido hechos nuevos, independientes de lo que se denunció la primera vez, es lo relativo a que Garzón solicitó personalmente a la entidad bancaria dinero para sufragar los gastos que originaron sus cursos. El Alto Tribunal entiende que ello se desprende de las cartas que el magistrado intercambió con el banco, lo que aparecía en la documentación remitidapor la entidad.

Según los querellantes, Santander pagó 302.000 dólares (260.000 euros) en concepto de patrocinio de los dos cursos impartidos por el magistrado, de gastos y de la matrícula de su hija. Para concretar a qué partidas se destinó ese dinero, los querellantes solicitarán al Alto Tribunal que curse una comisión rogatoria a Estados Unidos para exigir a la Universidad de Nueva York la contabilidad de los cursos.

A su vuelta a la Audiencia Nacional, Garzón, siguiendo el criterio del fiscal, archivó una querella presentada contra Emilio Botín. El Alto Tribunal precisa que para admitir a trámite una querella sólo es suficiente que los hechos denunciados tengan verosimilitud. Sólo con la investigación podrá determinar 'si puede decirse que efectivamente en la entrega de dinero medió la consideración al hecho de tratarse de un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, o si por el contrario tal cosa sólo puede valorarse como una mera suposición, o incluso si puede ser totalmente excluida'.

El Supremo tiene pendiente de admitir o rechazar otra querella, la interpuesta por Ignacio Peláez, que defiende al constructor José Luis Ulibarri en el caso Gürtel, por las escuchas a abogados.