Que Cayo Lara pida a los sindicatos que convoquen una Huelga General no es novedoso, hasta ahora la ha pedido por lo que consideraba un estado de inacción del Gobierno, pero 'ahora no se puede decir que el Gobierno no ha tocado los derechos de los trabajadores', ha dicho refiriéndose a la intención del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación.

El coordinador de IU ha dicho hoy no ver motivos para elevar la edad de jubilación, por lo que ha pedido reunirse con los principales sindicatos y, si éstos deciden convocar una huelga, IU la apoyará para hacer al Gobierno 'corregir' esa idea 'neoliberal' y su política económica.Considera que la medida 'ha escandalizado a la inmensa mayoría de los trabajadores'.

Parte de la sociedad, ha añadido Lara, teme la convocatoria de una huelga general por si ello hace caer al Gobierno y facilita la llegada a la Moncloa del PP, que 'podría aplicar políticas más duras' contra los trabajadores.

Izquierda Unida, por eso, quiere dejar claro a los sindicatos que una huelga debe plantearse como medida para 'hacer corregir' al Gobierno su política económica 'escorada a la derecha', tendencia que ha ejemplificado asegurando que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, 'va a terminar haciendo bueno' a su antecesor, Pedro Solbes.

'No hay fundamento ninguno que avale la propuesta' de los 67 años, ha asegurado, en un país que supera los 4,3 millones de parados y donde muchos empresarios 'quieren quitarse a los trabajadores más mayores' con prejubilaciones.

Bajo su punto de vista, la propuesta del Gobierno de Zapatero es 'un torpedo contra los derechos sociales de los trabajadores' y no tiene precedentes en toda la UE, teniendo en cuenta, además, que España está seis puntos por debajo de la media del gasto social europeo, ha recordado.

Como alternativa a esta propuesta con la que el Gobierno quiere 'salir de la crisis cargado las espaldas de los trabajadores', IU propone mejorar las cuentas de la Seguridad Social a corto y medio plazo con un plan de lucha contra la economía sumergida, contra el fraude fiscal, de mejora de las contrataciones, de intensficación de las inspecciones de trabajo o de reducción de las prejubilaciones en las empresas que cierran los ejercicios con beneficios.