El Gobierno de Esperanza Aguirre acaba de recibir la novena sentencia en contra de sus políticas educativas en el plazo de un año. En la última, a la que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acepta el recurso del Ayuntamiento de Parla contra el criterio de admisión de alumnos en los colegios de la localidad establecido por la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM anula la orden emitida por Fígar en marzo de 2008 que regulaba el acceso de escolares en escuelas infantiles de la red pública y concertada de la Comunidad de Madrid para el curso 2008-2009. El tribunal toma esta decisión porque Educación no quiso contar con la opinión del consistorio parleño, a pesar de que 'resulta indiscutible' que era necesario escuchar su criterio.

La norma impugnada le imponía al Ayuntamiento de Parla obligaciones de admisión que iban en contra de su criterio pero 'no fue oído [...] pese a tener un interés directo en el asunto'.

La sentencia recoge las razones del consistorio que entonces dirigía Tomás Gómez, actual líder de los socialistas madrileños, para recurrir una norma que a su entender 'segregaba' a los alumnos en función de su extracción socioeconómica.

Con los baremos establecidos por la Consejería de Educación 'se conculca el derecho de libre elección del centro' que tienen los padres, ya que obligaba a acudir a la escuela de titularidad municipal que se encontrara más cercana al domicilio de la familia, en lugar de otra de titularidad autonómica o concertada. De este modo, según figura en la sentencia, se generaba 'una discriminación en el derecho de las familias'.

La Comunidad de Madrid no incluía a los centros de la red concertada en el programa informatizado de gestión de la escolarización, dificultando el acceso de los padres a esos centros. Esto, sumado a los baremos, provocó 'perjuicios de carácter social' y 'gran confusión entre los ciudadanos'.

Esta sentencia del TSJM se suma a otras ocho anteriores que ha ido recibiendo en contra la Consejería de Educación madrileña en los últimos meses. Estos fallos han corregido desde la política salarial de los docentes de la red de colegios concertados hasta la privatización injustificada del colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo. Este último asunto motivó el jueves una concentración sindical frente a la Asamblea de Madrid que demandaba la dimisión de Lucía Fígar.