'Criminalizar la discrepancia jurídica' por 'querellas palmariamente sospechosas pone en peligro la función jurisdiccional y la independencia judicial'. Es la opinión de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que, al igual que el miércoles hizo Jueces para la Democracia, ayer mostró 'su solidaridad y apoyo' a Baltasar Garzón.

Los fiscales progresistas explican en un comunicado que la investigación de los crímenes del franquismo realizada por el juez de la Audiencia Nacional, 'y su consideración como crímenes contra la humanidad, resulta completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional'. Ese criterio fue también mantenido por tres magistrados de la Sala de lo Penal dela Audiencia Nacional en un voto particular.

Por eso la actuación de Garzón, al abrir la primera causa penal para investigarlos, 'de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria', única circunstancia en la que puede cometerse el tipo de prevaricación de la que acusan al juez el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad, también de corteultraderechista, y Falange Española de las JONS. Este delito está penado con hasta 20 años de inhabilitación.

Trayectoria profesional

'La trayectoria profesional de este magistrado no se hace acreedora de ser acusado y sentado en el banquillo por iniciativa de organizaciones relacionadas con la derecha más extrema del país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados', señala la UPF, asociación que presentó la querella por la que Garzón investigó los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, negó ayer poder concebir que los procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón sean fruto de una conspiración. 'Yo no puedo admitir, lo rechazo absolutamente, que ningún magistrado del Tribunal Supremo esté en una conspiración', aseveró a Telecinco.

Señaló que la causa abierta por Garzón de los crímenes franquistas es 'una cuestión jurídica opinable' que tendrá que resolversejurídicamente.