El juez federal Daniel Rafecas tiene a su cargo una de las causas más importantes que investiga sobre el terrorismo de Estado cometido durante la última dictadura argentina (1976-1983). Hace ya seis años Rafecas inició esta instrucción, conocida como Primer Cuerpo, que estudia el asesinato de miles de víctimas por parte de los militares argentinos y gracias a la cual ya han sido procesados centenares de represores. Desde Buenos Aires valora la situación que atraviesa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz de la causa abierta por el Tribunal Supremo contra él por intentar investigar otros crímenes, los cometidos durante la dictadura franquista.

¿Qué opinión le merece la causa abierta en España contra Garzón?

Nosotros llevamos adelante el mismo tipo de investigaciones que realiza Garzón y vemos con cierta perplejidad lo que está sucediendo. Le tenemos un gran respeto por su labor durante estas dos décadas en las que ha consolidado un camino de lucha por la verdad y la justicia en otros países. El aporte que hizo en 1998 sobre el terrorismo de Estado en Argentina fue un eslabón importante que permitió llevar adelante el proceso que se vive en Argentina actualmente.

¿Prevarica el magistrado al pretender investigar los crímenes del franquismo?

Ha dicho que no pueden ponerse obstáculos jurídicos a la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es muy endeble formular una acusación contra un juez que lo que ha hecho es explicar el derecho internacional como fuente inobjetable de su actuación. Lo que ha hecho Garzón no se puede encuadrar en una infracción. Y mucho menos en un delito penal.

¿Por qué se pretende entonces su inhabilitación?

Quienes lo acusan están perdiendo de vista que la vigencia de ciertas normas de derecho internacional está por encima a la legislación interna de cada uno de nuestros países. Existen diversas instancias y un Tribunal Supremo que revisa lo que hacen los jueces españoles. Pero eso no significa que se pueda entrar en el terreno de las acusaciones y de la posible comisión de un delito por lo que ha decidido un juez aplicando las convenciones y el derecho internacional, al cual, por cierto, todos nuestros países son tributarios.

¿Cómo se interpreta el auto del Supremo en Argentina?

Se basa en que el juez habría ignorado la legislación españo-la en cuanto al sistema judicial. Pero esto es incompatible con otras normas de carácter internacional que obligan a nuestros países a remover todos los obstáculos cuando se trate de crímenes de lesa humanidad. Si un juez decide, tras sus pesquisas, que el franquismo cometió crímenes de lesa humanidad, el Estado está en la obligación de investigar.

El Alto Tribunal no habla, en cambio, de crímenes de lesa humanidad, sino de delitos políticos.

Ahí está la discusión. Pero lo que está en tela de juicio es que la decisión que ha tomado el juez Garzón al considerar esos crímenes de lesa humanidad es difícilmente atacable.

¿Cuál es la fórmula para poder abrir una causa para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en España?

Uno se persona ante el poder judicial, invoca las convenciones mundiales y el derecho internacional que consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, prueba las características de esos crímenes y que son cometidos desde el Estado en forma masiva y sistemática contra un sector de la población.

¿Y si se dan esas características?

Estamos ante crímenes de lesa humanidad que no pueden ser amnistiados.

¿Por qué Argentina ha sido capaz de llevar ante la Justicia a los responsables del terrorismo de Estado y en España parece una tarea imposible?

Aquí nos ha costado mucho llegar a este momento. Pero es cierto que el caso de Argentina es muy sangriento, con desapariciones forzadas por miles, técnicas muy siniestras de exterminio y con muchos represores vivos cruzándose en la calle con las víctimas. Estaba en juego la consolidación democrática. Para nosotros es una cosa de vida o muerte.