Las negociaciones para el pacto de política económica que se celebran en el Palacio de Zurbano son a puerta cerrada. Pero ayer en el Congreso de los Diputados y con luz y taquígrafos, los partidos políticos dieron una muestra de la agria discusión que mantienen sobre las medidas propuestas por el Ejecutivo y el enorme distanciamiento sobre la visión de las iniciativas a abordar para lograr la recuperación económica.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, compareció ayer para explicar la situación financiera y hacer una revisión ordenada de los últimos datos de coyuntura que apoyan la tesis del Gobierno de que España está a punto de abandonar la recesión, así como de las medidas a abordar para apuntalar el crecimiento, en especial el plan de ajuste.

Salgado pidió la colaboración de todas las comunidades autónomas y corporaciones locales, 'con independencia del color político' que gobierne las mismas para poner en marcha planes de ajuste presupuestario que ayuden al conjunto del Estado a cumplir los objetivos de déficit marcados por Bruselas (un 3% para 2013). En este sentido, anunció un Consejo de Política Fiscal y Financiera para este mismo mes de marzo, aunque no determinó la fecha.

La vicepresidenta espera lograr un acuerdo con las comunidades autónomas lo antes posible y, a partir del momento del pacto, fijar un plazo de tres meses para que presenten, junto con los ayuntamientos, sus planes de consolidación fiscal. 'Va a suponer sacrificios para todos', advirtió la número tres del Gobierno.

Las palabras de Salgado fueron acogidas con un alto grado de sorna desde la bancada del Partido Popular. El portavoz económico del ala conservadora, Cristóbal Montoro, acusó al Ejecutivo de 'copiarle' medidas, como la de la reducción del IVA por rehabilitación de vivienda. Además, pidió una bajada de impuestos y recordó que 'discrepamos en lo fundamental'. En opinión de Montoro, existe una 'falta de disposición en el Gobierno' que obliga a la oposición a estar 'en las antípodas de su política económica'.

Aunque la intervención de Montoro fue la más agresiva, llegando a increpar a la vicepresidenta por buscar algunos datos en las fichas que llevaba preparadas, el resto de los partidos políticos también expresaron sus diferencias en materia económica. Desde el PNV aseguraron que el Gobierno tiene una actitud 'autocomplaciente' con la economía. Por su parte, CiU pidió que el IVA reducido se extendiera al sector turístico, algo que descartó de plano la vicepresidenta.

Los grupos de la Izquierda, IU, ICV y ERC, mostraron de nuevo se desacuerdo por el plan de contención de gasto público que, en su opinión, frustará el proceso de recuperación económica. Salgado cree que muchas de las propuestas que surgen de estas agrupaciones ponen en peligro el equilibrio fiscal y financiero.

La constitucionalidad de la Ley de Cajas gallega fue de nuevo objeto de discusión tanto con el Partido Popular como con el BNG, que acusó al Gobierno de 'chulería' en la disputa.