Público
Público

Casi 30.000 dependientes fallecidos aún recibían la prestación

Un informe del Tribunal de Cuentas revela un fraude en el sector por el que las Comunidades Autónomas recibieron, indebidamente, 140 millones de euros

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las Comunidades Autónomas para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato ha explicado que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo ha planteado una 'mayor transparencia del sistema', después de tratar, entre otros asuntos, dicho informe del Tribunal de Cuentas. Cómo reducir las listas de espera, dar prioridad a las personas con un nivel más alto de dependencia, garantizar la equidad e igualdad en el acceso de los enfermos a los servicios en todas las regiones y 'avanzar hacia la profesionalización de los servicios por encima de los cuidadores familiares' a los que el Gobierno ha expulsado de la Seguridad Social han sido otros de los aspectos debatidos en la reunión.

Las comunidades recibieron indebidamente 140 millonesde euros, según el Tribunal

El informe del Tribunal, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que nos les correspondían. El Tribunal de Cuentas indica que ha habido 'falta de comunicación' de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una 'financiación indebida'. El Tribunal apunta a una 'ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización'.

El secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha declarado que el informe 'es demoledor' para el PSOE porque pone en evidencia no solo 'la mala gestión' del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino la 'descoordinación' en las prestaciones.

El PSOE reconoce que hubo 'dificultades' con la comunicación entre Gobierno y comunidades

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha defendido la gestión de su partido, aunque ha reconocido que los datos del Tribunal de Cuentas se deben a 'dificultades en el intercambio de información entre las comunidades autónomas y el Gobierno'. No obstante, ha reprochado la falta de colaboración del Madrid de Esperanza Aguirre en su intención de mejorar dicha comunicación y ha criticado las intenciones del PP con dicha acusación. 'El PP pretende desviar la atención y engañar a la ciudadanía sobre los inmediatos recortes en Dependencia y Servicios Sociales, intentando responsabilizar al PSOE de mala gestión', ha concluido Jiménez en un comunicado.

Las responsables de las comunidades autónomas de Andalucía y Asturias, gobernadas por el PSOE, también han mostrado hoy su preocupación por el futuro de la Ley de Dependencia y han criticado la 'orientación' hacia la privatización de servicios a raíz de la reforma de esta norma aprobada por el Ejecutivo.

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha comentado que el 'nivel acordado de financiación de la dependencia está representando un quebranto a las comunidades en el sostenimiento' de esta prestación.Mato quiere pasar de los cuidadores familiares a la 'profesionalización' de los servicios

Andalucía, según Montero, ha dejado de recibir más de 200 millones de euros en solo dos años para financiar el sistema. Montero ha dicho que esta disminución de fondos hace que esté en este momento 'francamente' preocupada por 'lo que va a ocurrir con el futuro de la ley'. Para la consejera andaluza, la 'pretensión' del Gobierno con los recortes en el sector es que la ley se desarrolle 'como propuso Aguirre, con una especie de ticket que se le da al ciudadano con una cuantía económica y que las personas se busquen la vida'.

En este mismo sentido se ha pronunciado también la consejera asturiana, Esther Díaz, que ha lamentado las 'medidas de recorte' y ha tildado esta reforma de la ley como 'una clara orientación hacia la privatización de servicios'.