Esperanza Aguirre se convirtió ayer de nuevo en protagonista de la XVI Intermunicipal del PP en La Rioja. No acudió, pero su propuesta de lanzar 'una campaña de rebelión contra la subida del IVA' centró el debate político y eclipsó la reunión conservadora. Sus compañeros de partido mostraron su apoyo a la iniciativa. Pero algunos mantuvieron sus recelos.

El primero en pronunciarse sobre este tema fue Mariano Rajoy desde el Congreso de los Diputados. El jefe de la oposición quiso aclarar que se trataba de una medida de presión política y no 'una llamada a la insumisión fiscal'.

El líder conservador se mostró partidario de la campaña y afirmó que si Aguirre le pedía que la firmara, él lo haría porque es diputado por Madrid. Pero se mostró escéptico con su resultado. No confía en que el Gobierno se eche atrás. Durante una conversación informal con los periodistas, Rajoy reconoció que no se había planteado extender la campaña por toda España.

Por la tarde, ya en Logroño, la opinión de los conservadores era similar: 'Respaldamos pero no exportamos la idea'. La dirección nacional reconocía que no la había 'consensuado' con la regional y desechaba la posibilidad de repetir la recogida de firmas que desarrolló en contra el Estatut de Catalunya en 2006.

En las filas del PP se vislumbraba cierto desasosiego. El equipo de Rajoy marcaba su terreno de juego. Recordaban que Aguirre no hacía más que exigir lo mismo que ellos vienen pidiendo desde hace tiempo y defendían, vehementemente, que es Rajoy quien está haciendo 'bandera' de la bajada de impuestos.

De fondo, se apreciaba un cierto malestar. Por el hecho de que Aguirre hubiese actuado de nuevo por libre, les hubiese adelantado por el camino y, encima, se dejara ver como una oposición más dura a Zapatero. En cierto modo, la propuesta de la presidenta madrileña ha venido a chafar la labor del responsable de economía del PP, Cristóbal Montoro, y de la portavoz en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, que se querían apuntar un tanto el próximo martes, cuando el PP defenderá en el Pleno precisamente una iniciativa para 'dejar sin efecto' la subida del IVA'.

Pero, por si a alguien se le ocurría desenterrar fantasmas del pasado, ayer fuentes del PP se afanaban en señalar que la relación entre Aguirre y Rajoy era 'ortodoxa y cordial'. Lo cierto es que en las últimas semanas no dejan de hacerse fotos para que cale la sensación de que se ha enterrado el hacha de guerra. Ayer mismo estaban juntos en el Congreso y el 18 de abril compartirán un acto.

En la intermunicipal también se habló del anuncio que realizó por la mañana el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La mano derecha de Aguirre explicó ayer que el Gobierno regional renuncia 'al cien por cien' de la parte que le corresponda del incremento de dos puntos del IVA que piensa aplicar el Ejecutivo central a partir de julio.

La noticia causó toda una sorpresa en las filas del PP. Sobre todo porque nadie entendía muy bien qué significaba. Javier Arenas, vicesecretario de política autonómica y local, decía que prefería estudiarlo con detenimiento antes de hacer una valoración. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, respetaba la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid pero lo circunscribía al ámbito autonómico. En el PP no sabían responder si Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla y León y La Rioja (las otras comunidades gobernadas por los conservadores) se iba a animar o no a seguir en esta cruzada a Aguirre.

Pero todo el revuelo armado se desinflaba por momentos al ir conociendo los detalles. 'Se renuncia a todo porque no nos corresponde nada y si nos correspondiera algo, también'. Así resumían los colaboradores la intervención del número dos de Esperanza Aguirre. Al echar cuentas, el Gobierno regional se había dado cuenta de que no le iba a corresponder nada. 'Se irá todo para el Fondo de Suficiencia y todo se lo llevará el Estado porque así lo establece el artículo 21 de la ley de financiación autonómica que se aprobó el pasado mes de diciembre', explicaban detenidamente.

Madrid y Balears son las únicas comunidades a las que el sistema de financiación concede mayores recursos de los que requiere, de acuerdo con sus necesidades de gasto. Ese exceso deben, de alguna manera, aportarlo a la caja común del sistema; y la subida de ahora del IVA no varía en términos generales dicha situación, según los expertos consultados.