Después del auto del pasado día 1 era cuestión de tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictara las preceptivas órdenes de detención contra los presuntos miembros de las FARC y de ETA que procesó. Ayer se supo que ya lo había hecho, pese a la polémica suscitada, en la que ha sido necesaria incluso una declaración pública de España y Venezuela, en la que este país reafirma su lucha contra ETA.

Entre las órdenes de arresto internacional cursadas figura la del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela y que goza de nacionalidad venezolana, lo que dificultaría su extradición.

El magistrado también ha cursado las órdenes para arrestar al resto de procesados, salvo Remedios García Albert, en libertad bajo fianza de 12.000 euros, tras declarar ante el juez Baltasar Garzón, y uno de los siete procesados como presuntos miembros de las FARC, que ha fallecido.

Una vez detenidos, el juez tramitará las órdenes de extradición, a través de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, para que los procesados que residen en Cuba y Venezuela sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

García Albert está citada el próximo día 24 para prestar declaración indagatoria ante el juez Velasco, aunque la comparecencia previsiblemente se suspenderá hasta que el magistrado reciba una copia de la causa que la presunta miembro de los FARC tiene abierta en el juzgado de Garzón. Con esos datos decidirá quién continuará investigándola.