El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, negó ayer que la anulación de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón de las conversaciones entre los imputados presos en el caso Gürtel y sus abogados suponga el fin de la causa en la que se investiga la principal trama de corrupción que ha afectado al Partido Popular. 'No, en absoluto, pues esa decisión siempre tendría un efecto muy parcial, ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirán continuar con la instrucción del caso', aseguró el máximo responsable del ministerio público desde Valladolid.

Conde-Pumpido no quiso adelantar cómo procederá la fiscalía si se anulan las intervenciones que ordenó Garzón y mantuvo el actual instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, porque 'la decisión no se conoce oficialmente y hasta ahora es tan sólo una información periodística', informa EP.

Se refería a la información de El País que ayer afirmó que el TSJM ha acordado anular el grueso de las intervenciones de las conversaciones mantenidas entre abogados y el presunto cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez. Las únicas que se salvarán de la quema serán las mantenidas con el letrado José Antonio López Rubal, imputado en la causa desde el 9 de febrero de 2009.

Ese es el criterio mantenido desde el principio de las deliberaciones por el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Javier Vieira. El magistrado Emilio Fernández Castro, según el citado diario, era partidario de anular todas las escuchas. Y el magistrado José Manuel Suárez Robledano hará un voto particular discrepante en el que defenderá la validez de las escuchas.

Ese fue el criterio que mantuvo Antonio Pedreira al rechazar los recursos planteados por dos abogados. En su auto, el juez instructor sostenía que las intervenciones estaban justificadas porque se investigaba la comisión del delito de blanqueo de capitales que se sospechaba se seguía perpetrando desde prisión.

Garzón y Pedreira han contado con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción a la hora de acordar las intervenciones, aunque fueron las representantes del ministerio público adscritas al caso, Miryam Segura y Concha Sabadell,las que advirtieron al primer instructor de la necesidad de destruir las que podían afectar a la estrategia de defensa. El juez accedió, pero no se hizo y las conversaciones se hicieron públicas cuando se levantó en parte el secreto del sumario.

Por eso, fuentes de Anticorrupción, que fue quien presentó la denuncia que dio origen al procedimiento, consideran que la nulidad de estas intervenciones no afectará a las principales pruebas incriminatorias que hay en el caso, como el lápiz de memoria intervenido a José Luis Izquierdo, contable de la trama. 'Sigue habiendo caso Gürtel', apuntaron para negar que se estuviera ante otro caso Naseiro, que se cerró al anularse otras conversaciones intervenidas.

El propio juez Pedreira explicaba en el auto en el que validó las escuchas que, en el caso de que se consideraran ilegales y, por tanto, fueran anuladas, esa decisión sólo afectaría a las pruebas derivadas de ellas, lo que hasta que se levante el secreto del sumario se supone que podrían ser las comisiones rogatorias cursadas. Las fuentes consultadas niegan hasta esta posibilidad.

Cuando Garzón se adhirió al recurso de la fiscalía contra la admisión a trámite de la tercera querella en su contra, la relativa a las polémicas escuchas, sostuvo que las conversaciones relativas a la estrategia de defensa de los imputados 'no han tenido ningún efecto en el curso del procedimiento, ni han determinado diligencia alguna'.

Sin embargo, está claro que, si se anulan las escuchas, las defensas utilizarán esta resolución para pedir la nulidad de las actuaciones. El abogado Ignacio Peláez, que presentó la querella por prevaricación contra Garzón admitida a trámite, ya ha anunciado que solicitará que se levante la imputación de su cliente, el constructor José Luis Ulibarri. Pero a lo mejor no es tan fácil, porque su empresa constructora aparece en el pen drive.

De ahí que la estrategia de la defensa pase por cuestionar esta prueba fundamental. El abogado de Correa, José Antonio Choclán, apuntó ayer a EP que podría estar 'contaminada', porque en las conversaciones intervenidas su cliente le dio una importancia clave en la trama.

El TSJ de Madrid ratificó ayer que el juez Garzón no cometió 'ninguna irregularidad' al declararse competente para investigar el caso Gürtel, a partir de la denuncia presentada por Anticorrupción. Las normas de reparto de la Audiencia le permitían abrir diligencias separadas del caso BBV Privanza, en el que el primer abogado de Correa estaba ya imputado. Esa causa fue el antecedente por el que el fiscal se dirigió al juzgado de Garzón.