Jaume Matas, a quien hoy comunicará el juez el importe de su fianza y si le retira en firme el pasaporte, cobró 30.000 euros de una empresa a la que había beneficiado con una adjudicación presuntamente amañada y otro contrato a dedo de cuya ejecución dudan los fiscales. En esta operación, destapada en el caso Palma Arena y por la que también está imputado un letrado del Congreso próximo al PP, Anticorrupción atribuye a Matas un delito de malversación de caudales y otro de cohecho (soborno).

El letrado imputado declaró ante el juez el 19 de febrero, el mismo día en que lo hizo la ex directora general de la televisión balear, María Umbert, dentro de la pieza separada sobre presunta financiación ilegal del PP. Convencidos de que Matas se enriqueció gracias al velódromo, cuyo coste pasó de 48 millones a 110, los fiscales le piden fianza de tres millones para eludir la prisión. Y le imputan delitos que suman más de 24 años de cárcel.

Según la fiscalía, la firma recibió 42.000 euros del Govern de Matas

La sociedad beneficiada por Matas y que luego lo fichó como asesor en 2007 tras su cese como president es el bufete madrileño Estudios Procesales y Jurídicos SL. Esta recibió del Ejecutivo balear 42.000 euros gracias a dos contratos irregulares, según el escrito de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach. El despacho habría cobrado mucho más, pero la fiscalía sólo computa las dos cantidades reseñadas.

Tal como relata Anticorrupción, la primera adjudicación para el bufete, en 2004, fue de 30.000 euros por asesoramiento legal en la implantación de IB3, la radiotelevisión autonómica que arrancó en septiembre de 2005. Justamente 30.000 euros es lo que el despacho de abogados ingresó luego a Matas en 2007, tras cesar como president en junio y emigrar en septiembre a EEUU.

'Matas y su empresa Aresmas recibieron retribuciones de la empresa adjudicataria', señala Anticorrupción. Fuentes del caso confirmaron que, en efecto, su remuneración global fue de 30.000 euros. Este periódico no ha podido verificar si Aresmas se encuentra registrada en EEUU o en España, donde aparentemente no existe ninguna sociedad con ese nombre vinculada a Matas.

El segundo de los contratos, de 12.000 euros, fue adjudicado a dedo

Para la adjudicación de la asesoría sobre IB3, el Gobierno balear pidió tres presupuestos: según los fiscales, 'dos a la misma empresa', es decir, a Estudios Jurídicos y Procesales. Y el tercero, a un despacho sin experiencia en temas jurídicos audiovisuales. El segundo contrato, de 12.000 euros, adjudicado a dedo, se concedió en 2007 y consistía en la realización de 'un estudio sobre los límites institucionales de las campañas electorales'. Los fiscales lo definen como 'totalmente innecesario'. Y lo argumentan así: 'De hecho, al parecer sólo lo vio el propio Jaume Matas, no constando que se utilizara por nadie más'.

Uno de los imputados de Estudios Jurídicos y Procesales SL es Enrique Arnaldo, letrado del Congreso, vocal del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP entre 1996 y 2001 y patrono fundador de la Fundación Antonio Maura de Baleares, ligada al PP. Matas presidía esa fundación. Y el tesorero era su cuñado Fernando Areal, a quien la investigación señala como el correo de la familia en algunos pagos en negro. Arnaldo permanece imputado desde el 19 de febrero junto con otra socia del bufete, Mercedes González de Estrada. Un tercer socio, Ramón Entrena, desempeñó también el cargo de letrado en el Congreso pero ya está jubilado, según la Cámara. Entrena ha representado al PP en varios casos.

En conversación telefónica con Público, Arnaldo confirmó tres cosas: que su bufete logró además un contrato de asesoría permanente con IB3 que le reportaba una cantidad mensual cuyo importe no precisó y que se prolongó 'hasta bien entrado 2008'. Que fichó a Matas, economista de formación, no por sus conocimientos 'técnicos o jurídicos' sino para facilitar las relaciones del bufete: 'Los ex políticosrazonó Arnaldo son contratados por consultoras, despachos, empresas, no tanto por el conocimiento técnico o jurídico o académico, sino precisamente por su capacidad de atracción de clientes'.

Y ratificó que acudió 'como patrono' a la sesión constituyente de la Fundación Antonio Maura de Baleares. Según el jurista, el juez no le ha imputado ningún delito concreto. 'Es un tema desgraciado para nosotros, pero marginal y sin relevancia penal', dijo al tiempo que destacaba el carácter 'mediático' de la instrucción del caso Palma Arena.

El letrado aseguró que es 'radicalmente falso' que su bufete tuviera nexos con otra de las empresas invitadas a optar al contrato de 30.000 euros para IB3. Pero ambas sociedades utilizaron el mismo logotipo. Según Arnaldo, el uso de la misma imagen corporativa obedeció a un error. 'Hubo una colocación errónea de ese logotipo en uno de los documentos pero ni siquiera tuvo ninguna trascendencia', alegó. A la pregunta de cómo puede una compañía ajena equivocarse en ese extremo, Arnaldo ofreció una explicación confusa sobre 'alguien' que 'tenía en la cabeza' algo parecido a una fusión. El error, terminó diciendo, fue 'de una secretaria'.

Según el abogado madrileño, nadie amañó nada. 'Nosotros afirmó en alusión a su bufete no tenemos ninguna influencia en a quién llama [el Govern balear] y a quién no llama. Yo no he podido nunca llegar a amañar nada porque ni siquiera sé a qué otras sociedades invitan. Me he enterado ahora como consecuencia de esto'.