El proceso contra Baltasar Garzón por querer investigar el franquismo vivirá el lunes un capítulo imprevisto que aspira a alterar el final anunciado: varias asociaciones de víctimas presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez instructor, Luciano Varela. El escrito se basa en buena parte en la propia doctrina del magistrado.

Las asociaciones de víctimas habían explorado ya varias vías para tratar de influir en una causa que, de prosperar, no sólo supondría un mazazo para Garzón, sino sobre todo para sus aspiraciones de justicia y reparación.

Las víctimas han presentado ya recusaciones de magistrados como Adolfo Prego ponente del auto de admisión a trámite de la causa contra Garzón y firmante de un manifiesto contra la memoria histórica, han denunciado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra y han acudido al Tribunal Constitucional pidiendo ampara para que se les acepte en la causa y la paralice mientras delibera al respecto. Pero todavía no habían ido contra el elemento central del proceso que ha armado todo el argumentario de la causa: el mismo juez instructor.

El lunes, sin embargo, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca, presididas por Manuel Perona y Maria Antònia Oliver, respectivamente, tienen previsto registrar en el Tribunal Supremo una querella contra Varela por prevaricación. El escrito, de 40 folios, toma como base el auto del 3 de febrero redactado por el magistrado en el que mantiene abierta la causa contra Garzón y, aplicando los criterios definidos por el propio Varela en una sentencia de 2009, deduce que el magistrado ha prevaricado.

'Creemos que se está prevaricando y los efectos son terribles para nosotros: el proceso dejaría desamparados a las víctimas y a sus familiares', advierte Perona. Y añade: 'Estamos aterrorizados ante la posibilidad de que quiera cerrarse el periodo cuando aún hay miles de desaparecidos. Da la impresión terrible de que las víctimas vuelven a ser juzgadas'.

La querella, que quedará abierta a adhesiones de otras entidades, subraya algunos errores del auto de Varela que le sirvieron a éste para argumentar jurídicamente su decisión: por ejemplo, recalca que Garzón respondió a las quejas del Consejo General del Poder Judicial en una fecha distinta a lo que señala el auto. O insiste en que Garzón no firmó una providencia clave que en cambio el auto sí le atribuye.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía tomada la decisión de ir adelante con el caso y que toda su argumentación sería consecuencia de esta determinación inicial. Por eso le atribuyen prevaricación: por desdeñar todo lo que no facilite su supuesto objetivo y amplificar lo que lo facilite, por irrelevante que sea desde el punto de vista jurídico.

En el primer caso se enumeran todos los tratados internacionales que España ha suscrito y que le obligan a investigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio por mucho que aprobara en 1977 la Ley de Amnistía, además de interpretaciones sobre esta norma del propio Constitucional.

En el segundo, se señala entre otros el absurdo de basar parte de la argumentación contra Garzón en su disonancia con la fiscalía cuando ésta se opone igualmente a sentar en el banquillo al magistrado.