El Partido Popular asegura que las protestas que se han producido en el valenciano barrio de El Cabanyal una vez que han comenzado los derribos de varias casas de alto valor artístico responden a 'un montaje político sin fundamento'.

La semana pasada, la Policía Nacional se plantó ante las piquetas enviadas por la alcaldesa, Rita Barberá (PP), para demoler cinco inmuebles de un barrio cuyo patrimonio histórico-artístico está protegido por el Ministerio de Cultura, que ha ordenado la paralización de las obras.

De poco sirvieron las protestas de los vecinos. Los antidisturbios cargaron (Ver fotogalería) contra todo aquel que se pusiera por delante. Dos personas fueron detenidas. Algo parecido sucedió el pasado martes. 

Pesea todo, el PP atribuye las protestas a un 'montaje' en un argumentario publicado en su página web y que se apoya en gran medida en el último artículo de la alcaldesa valenciana, Rita Barberá, en su blog, que, a su vez, replica el texto de otro publicado en elmundo.es. 

En el argumentario no se cuela ni una crítica: los derribos se han efectuado por orden judicial, las casas a las que estos afectan se encuentran 'fuera de la zona declarada de protección' y 'la mayoría de los alborotadores' no residen en el barrio valenciano, 'como ha quedado demostrado por la filiación de los detenidos tras los incidentes' de los días pasados, cuando la Policía actuó contra los manifestantes.

El desprecio por los manifestantes llega hasta el punto de que asegurar que 'el Cabanyal tiene 20.800 habitantes', lo que hace que las protestas de 'apenas unas 200 personas', de las que 'la mayoría no son vecinos de la zona', resulte irrelevante.

'El Cabanyal tiene 20.800 habitantes. En las protestas se han manifestado apenas unas 200 personas'

De igual forma, y como no hay argumentario del que se escape el presidente del Gobierno, el PP acusa a  Zapatero de impedir 'a los valencianos su derecho a llegar al mar'.

El PP asegura que el proyecto cuenta con el 'apoyo mayoritario' de los vecinos de El Cabanyal y 'de todos los valencianos', toda vez que ha estado incluido en su programa electoral para la ciudad de Valencia en varias ocasiones.

Los conservadores alegan que la Justicia está de su lado: dicen que hay 'una decena de sentencias favorables, entre ellas, varias del Tribunal Supremo' y que la orden ministerial del Gobierno para detener los derribos carece de 'fundamento legal' al 'invadir una competencia municipal y autonómica'.