El juez Baltasar Garzón ha llegado a las 10.15 horas al Tribunal Supremo para declarar como imputado en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006.

El juez ha llegado a pie, acompañado de sus escoltas, minutos después de su abogado, Enrique Molina, que fue fiscal de la Audiencia Nacional. Garzón no ha querido realizar ninguna declaración a los medios y ha sido recibido con gritos de 'inocente, inocente' por una mujer que esperaba a la entrada, junto a medio centenar de periodistas y fotógrafos y unos pocos curiosos. Otro hombre portaba una pancarta en la que se podía leer: 'España del revés. Corruptos y fascistas juzgan al juez'.

Esta es la segunda vez que el juez de la Audiencia Nacional acude a declarar al Alto Tribunal en calidad de imputado en menos de un año después de que lo hiciera el pasado mes de septiembre por su actuación en el caso de las desapariciones en el franquismo, por el que será juzgado por el TS y está muy cerca de ser suspendido provisionalmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón está citado por el magistrado instructor del caso, Manuel Marchena.

Los abogados de la acusación, José Luis Mazón y Antonio Panea, relacionan en su querella por prevaricación y cohecho contra Garzón la percepción de 302.000 dólares por parte del juez con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella contra directivos del Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en el proceso penal por las llamadas 'cesiones de crédito'.

Garzón sostiene que él no gestionó ni administró los fondos que destinó el Grupo Santander para el patrocinio de sus conferencias al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York y que sus ingresos no procedieron de los mismos.

En el Supremo hay una tercera causa abierta contra Garzón, por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el caso Gürtel y sus abogados, diligencias que han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por considerarlas 'ilícitas'.