Casi 35 años después de la muerte de Franco y 71 del final de la Guerra Civil la visión de una España grande y libre siguen impresa a fuego en la memoria de algunos políticos. Tal es el caso de José Antonio Jiménez Barcala, concejal del PP en el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) que suscribe sin pudor las tesis revisionistas que sectores de la ultraderecha han puesto en circulación en los últimos años.

Este concejal, aficionado a la historia, ha publicado sus escritos y reflexiones sobre la II República y la Guerra Civil en Internet (en la página https://ppbracamonte.iespana.es/hist018.php) generando una gran indignación en el PSOE de Salamanca por afirmar que la II República 'llegó a través de un golpe de Estado' o que 'leyes como la Memoria Histórica pervierten la historia para justificar y legitimar estas ideas que tanto daño han hecho a España'.

Según las tesis de Jiménez Barcala, la II República 'vino como consecuencia de unas elecciones municipales' en las que 'los republicanos hicieron votar a miles de muertos' y que el concejal del PP no duda en tachar de 'pucherazo, y ni aún así consiguieron ganar'.

Pero lo que más molesta a los socialistas salmantinos es que Jiménez Barcala justifique el estallido de la Guerra Civil para atacar a José Luis Rodríguez Zapatero. 'La II República fue un breve período de tiempo en la historia de España donde no había libertades, que hoy consideramos básicas, y que estuvo comprendido entre un golpe de Estado y una Guerra Civil', escribe Jiménez para luego atacar a Zapatero: 'Ese es el modelo en el que se ve reflejado el actual presidente del Gobierno de España, declarado abiertamente rojo, y queriendo conectar su mandato con el de la II República'.

Ante afirmaciones de este calibre, los socialistas salmantinos han pedido a la dirección provincial del PP que adopte medidas disciplinarias contra Jiménez Barcala.

El PSOE considera 'gravísimo' que un representante público defienda esta ideas, que, según la nota difundida por los socialistas, 'superan todo lo admisible en el ámbito de la legítima disputa política'.