El PP no puede ejercer la acusación popular en el caso Gurtel y, al mismo tiempo, impedir que se investigue la trama corrupta que implica a varios miembros de su partido, porque incurre en un 'fraude legal'. Varios expertos en derecho penal y procesal consultados por Público han llegado a esta conclusión después de observar que las actuaciones de los conservadores tras personarse en la Gürtel han ido encaminadas 'a la defensa de los acusados', muchos de ellos de su propio partido, 'y no a la resolución del caso'.

El mismo lunes, el PP recurría la petición realizada por el juez Antonio Pedreira a la Generalitat valenciana presidida por Francisco Camps, para que notificara la identidad de los consejeros que autorizaron adjudicaciones a la trama corrupta.

Benítez de Lugo: 'Ejercen el derecho a acusar para lograr lo contrario'

'El PP se está oponiendo a diligencias de instrucción. En un procedimiento son las acusaciones las que deben instar a investigar, pero en este caso no sólo no lo proponen, sino que se oponen a las investigaciones que plantea el juez', lamenta al respecto el abogado Gonzalo Boyé.

Otro letrado, José Mariano Benítez de Lugo, denuncia que los conservadores incurren en un 'fraude legal' porque, según explica, 'utilizan una norma de cobertura, como su derecho a acusar, para conseguir un objetivo que es justo lo contrario a esa norma', es decir, 'que no se pueda acusar'. Boyé cree que esta es una 'vieja estrategia de la derecha, que ya utilizó el PP en el proceso que investigó los atentados del 11-M, en Madrid'.

Colomer: 'PP, PSOE o PCE han utilizado la acción popular en beneficio propio'

No es de la misma opinión el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón, Juan Luis Gómez Colomer, que advierte de que, 'en la historia reciente, la acusación popular ha sido utilizada con determinados intereses por PP, PSOE e incluso el PCE'.

Como no ha podido seguir de cerca todas las actuaciones de los conservadores desde que se personaron en el proceso, Gómez Colomer no se atreve a calificar lo sucedido como fraude legal. Sí advierte que políticos y otros poderes económicos o empresariales han hecho uso de su posibilidad de ejercer la acusación popular en casos en los que estaban implicados 'para obtener información sobre el proceso, y acabar con su enemigo'. Pero ejercer la acusación popular no significa que el PP pueda instituirse en la figura del 'codefensor procesal', insiste en sus tesis Benítez de Lugo.

'Indignado' y 'sorprendido' por la presentación del recurso al requerimiento de Pedreira por parte de los conservadores, Boyé se atreve a proponer al magistrado que sancione al PP 'expulsándolo del proceso'. Gómez Colomer se limita a apelar a la responsabilidad de quienes ejercen esa acción popular, 'en este y en otros casos'. 'Es una opción legal', recuerda, 'que ampara la propia Constitución'.