Se le dieron 15 días para hacer una nueva propuesta de sentencia del Estatut de Catalunya y ya han pasado. El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez, trabaja contrarreloj y, de momento, sus esfuerzos no han fructificado. Las tres propuestas que distribuyó a finales de abril a Manuel Aragón y los cinco magistrados conservadores del alto tribunal han sido rechazadas. Los seis han recibido un cuarto texto con un objetivo claro: lograr poner de acuerdo a Aragón, un magistrado nombrado a propuesta del Gobierno, y a los cinco magistrados enmarcados en el bloque conservador.

El borrador todavía no ha sido entregado a los magistrados progresistas, porque este nuevo intento para dictar sentencia pasa necesariamente por lograr un consenso entre los conservadores y Manuel Aragón. Sólo si todos ellos comparten el texto habrá resolución. Aún no lo tienen los progresistas porque es muy improbable que ninguno apoye una sentencia más restrictiva que la que ellos intentaron sacar adelante el pasado 16 de abril.

Este proyecto de sentencia pasa por el apoyo de Aragón y los conservadores

Pero el problema tiene difícil solución. El sector conservador está más fracturado que el progresista, del que sólo se descolgó Manuel Aragón, lo que impidió que hubiera sentencia en el último pleno convocado.

Todavía no hay otra reunión convocada, pero aún hay tiempo de fijarla para la próxima semana. En ello jugará un importante papel el éxito que haya obtenido el nuevo bloque surgido en el Constitucional durante las deliberaciones del Estatut y que forman Manuel Aragón y los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas. Los tres fueron fotografiados juntos en La Maestranza durante la pasada Feria de Abril.

Por esa sintonía, el rechazo de los tres borradores preparados por el ponente sólo puede venir de los otros tres magistrados conservadores, los más reacios desde el principio al Estatut de Catalunya: Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez-Zapata.

En el alto tribunal se teme una sentencia muy dura que cause rechazo

Fuentes próximas al Constitucional consideran que la visión de estos tres magistrados es, en algunos aspectos, incluso contraria al propio estado autonómico. Es decir, sus objeciones al Estatut de Catalunya van mucho más allá de lo establecido en otros estatutos no recurridos. Javier Delgado, por ejemplo, proponía declarar inconstitucionales la mitad de los 114 artículos y 12 disposiciones del texto catalán que fueron impugnados por el PP.

De ahí que parezca misión imposible que Manuel Aragón y Javier Delgado compartan una sentencia, teniendo en cuenta que el primero estuvo a punto de llegar a un acuerdo con los cuatro magistrados progresistas del alto tribunal.

Según diversas fuentes, a mediados de abril no se dictó la sentencia que se espera desde hace tres años y medio porque Aragón consideraba imprescindible que el fallo incluyera la reafirmación de la soberanía española por encima de la nación catalana mencionada en el preámbulo del Estatut. Una circunstancia que aparecía hasta en dos ocasiones en los fundamentos jurídicos constitucionales de la resolución que se sometió a votación prospectiva.

Esa sentencia declaraba inconstitucionales 15 artículos e interpretaba 24 más. En una de las tres propuestas rechazadas por los magistrados más críticos con el Estatut se elevaba el número de artículos inconstitucionales a 22. No ha sido suficiente, por lo que la sentencia sobre la que estos seis magistrados trabajan ahora será mucho más restrictiva con el texto catalán.

De ahí que las fuentes consultadas teman que la sentencia, si finalmente se dicta, sea muy controvertida y un ingrediente más en la campaña de desprestigio y acoso que sufre la institución a juicio de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Una situación que las fuentes consultadas compararon con la vivida en la Transición, evidentemente sin el ruido de sables que entonces se oía y los atentados diarios de ETA.

En cualquier caso, será difícil de entender que el alto tribunal se pronuncie sobre la autonomía catalana mostrando su cara más reaccionaria. Pero lo que en el resto de Españapuede ser asumible, será muy complicado de compartir en Catalunya, donde el rechazo del quinto borrador elaborado por la anterior ponente, Elisa Pérez Vera, provocó una reacción que ha llevado al Parlament a aprobar una declaración instando a la renovación del TC. Cuatro de sus 12 magistrados debían haber sido renovados en diciembre de 2007 y otros cuatro entre ellos el fallecido en mayo de 2008, Roberto García Calvo lo tendrían que ser en noviembre.

En ese clima, con el Constitucional siendo portada de los periódicos a diario, Casas hizo la mayor defensa del alto tribunal que se le recuerda desde que lo preside. 'Debido a la desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio emprendida desde ciertos sectores políticos y mediáticos, sólo me cabe una vez más hacer un llamamiento al respecto de la institución y de las personas que allí desempeñan su labor de la jurisdicción constitucional', afirmó Casas el 26 de abril.

Nadie duda de que la única forma de acallar las críticas será no demorando una solución a un problema pendiente desde hace más de tres años y medio.

Si lograr una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes es complicado, porque obliga a un acuerdo entre el PP y el PSOE, la renovación de los magistrados del Constitucional se ha topado con un nuevo escollo: el propio Partido Popular.

Fuentes conocedoras del alto tribunal señalan que el PP es consciente de que los dos candidatos que presentó al Senado -a través de los parlamentos autonómicos en los que tiene mayoría- serán objeto de recusación en muchos de los recursos más importantes sobre los que tendrían que decidir, si fueran elegidos ahora.

Tanto Francisco José Hernando como Enrique López, ex presidente y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, destacaron por los informes que realizaron en su anterior cargo. Uno de ellos es especialmente problemático: el CGPJ se pronunció sobre la inconstitucionalidad del Estatut de Catalunya sin que nadie se lo pidiera. Además, López muestra su opinión en la prensa a diario.

En la historia reciente del TC se ha recusado a magistrados por mucho menos que eso. También serán apartados del debate sobre los matrimonios gay, ley sobre la que el Consejo también informó en contra.