El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha negado en el Tribunal Supremo haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios de los procesados en el 'caso Gürtel' al ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados.

Garzón ha declarado por espacio de cuatro horas, desde las 10:30 hasta las 14:30, ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, letrado que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el 'caso Gürtel' .

Garzón se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones y sólo ha contestado a las del fiscal y las de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, así como a las que ha hecho el instructor.

A su salida de la declaración, Peláez ha indicado a los medios de comunicación que el magistrado no ha sabido dar explicaciones de la razón por la que no desglosó la intervención de las conversaciones que afectaban al derecho de defensa.

El letrado que presentó la querella ha dicho que lamentaba no haber tenido el respaldo del Colegio de Abogados de Madrid y haber tenido que tomar la iniciativa de querellarse en solitario 'defendiendo la profesión de la abogacía'.

Además de Peláez, están personados como acusación popular en la causa contra Garzón el presunto cerebro de la trama de corrupción del 'caso Gürtel', Francisco Correa , y su número dos, Pablo Crespo, a cuyos abogados tampoco ha querido contestar el juez.

El pasado 25 de febrero los magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal dictaron un auto en el que se admitió a trámite la querella presentada por los abogados de Jose Luis Ulibarri y Francisco Correa, al asegurar que existen 'dudas que se proyectan, cuando menos, sobre la legalidad' de las resoluciones adoptadas por Garzón. Además añadían que 'las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas'.

El letrado se refiere en su querella al auto dictado por Garzón el 19 de febrero de 2009 con el que ordenó a la policía la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantuvieron en prisión los tres principales imputados del caso Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, incluyendo las efectuadas con sus abogados.

Garzón acordó esta medida al amparo del artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que 'las comunicaciones de los internos con el abogado defensor expresamente llamado en relación con asuntos penales se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo'.

Las escuchas fueron declaradas ilícitas el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que el juez, al ordenarlas, vulneró el derecho de defensa.

Esta ha sido la tercera vez que Garzón ha declarado ante el alto tribunal, después de que lo hiciera el 9 de septiembre del pasado año por su actuación en el caso de las desapariciones durante el franquismo y el pasado 15 de abril por los cobros supuestamente recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

A su llegada al alto tribunal, sobre las 10:10 de la mañana, el juez ha sido recibido por varias personas que portaban banderas republicanas y pancartas de apoyo en las que se leían lemas como 'Más jueces como Garzón', 'Tapan el Gürtel echando a Garzón' y 'Diga lo que diga el Supremo, yo, Rajoy, apoyo a Camps. Yo, a Garzón', en alusión a las últimas declaraciones del líder del PP sobre su respaldo al presidente de la Generalitat valenciana.