Tienen prohibido el derecho a la huelga, pero no están dispuestos a quedarse cruzados de brazos. O, mejor dicho, es lo que van a hacer. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria entre los agentes, ha emitido este viernes una circular dirigida a sus afiliados en el que les piden que retrasen o adelante las operaciones policiales previstas para el 2 de junio, día de la huelga de funcionarias convocada por UGT y CCOO, para demostrar su malestar por el tijeretazo. Se trata, según el secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, que firma el texto, de que la movilización de los sindicatos de clase 'sea un rotundo éxito contra el Gobierno chikilicuatre (un pasito pa'lante, un pasito pa'tras) y desnortado que dirige la nación'.

No es la única medida de protesta que pide a los policías para ese día. El SUP también quiere paralizar las oficinas de expedición de pasaportes y documentos, y los puestos fronterizos, además de dejar de realizar 'miles de identificaciones rutinarias', muchas de las cuales califica de 'ilegales', en referencia a las redadas en busca de sin papeles. Intentan con ello, según el texto, que se produzca 'un notable descenso estadístico' de detenciones y actuaciones policiales para esa fecha.

Por último, el sindicato quiere que los agentes que custodien ese día las puertas de los organismo oficiales 'respeten' y 'protejan' a los piquetes informativos de los sindicatos de clase que acudan para asegurar el éxito de las movilizaciones. 'Debemos defender nuestros derechos y hay que hacerlo con todas las consecuencias', afirma con rotundidad la circular sindical, en la que también se critica que los policías tengan 'prohibido' el derecho a la huelga y estar afiliados a sindicatos de clase.

Por último, el sindicato anuncia que creará una 'lista del esquirol' para identificar con nombres y apellidos a aquellos policías que no secunden la propuesta de huelga de celo. 'Si el esquirol fuese afiliado al SUP, será inmediatamente suspendido y después expulsado', concluye.

El documento es el último episodio de un enfrentamiento que dura ya dos años entre el máximo responsable del Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los representante sindicales de los policías. El motivo, como ahora, ha sido siempre los sueldos de los agentes. Las cinco organizaciones representativas, que llegaron a actuar en unidad de acción durante meses, llevan reclamando la equiparación de los sueldos con los agentes de las policías autonómicas y municipales, cuyas nóminas son sensiblemente más altas que las cobran policías y guardias civiles.

De hecho, en 2008 ya plantearon una huelga de celo, que tuvo un seguimiento muy irregular, y en octubre de aquel año llegaron a convocar una manifestación masiva en Madrid que pasó ante las sedes de la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior. Sin embargo, Rubalcaba no cedió a las exigencias de los sindicatos y las protestas se diluyeron, así como la propia unidad de acción de las organizaciones, ahora enfrentadas entre si por otras reclamaciones sindicales.