La fiscalía del Tribunal Supremo nunca ha visto delito en la actuación del juez Baltasar Garzón en ninguna de las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo. Ayer el ministerio público presentó su escrito de calificación en el procedimiento contra el magistrado que está más avanzado: el relativo a las diligencias que abrió para investigar los crímenes del franquismo. Considera que los hechos que se le imputan 'no son constitutivos de delito y, en modo alguno, de prevaricación'.

El escrito se presenta a instancias del auto de apertura de juicio oral, notificado por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela después de hacerse público que Garzón solicitaba permiso para trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), como asesor de la fiscalía.

El fiscal pide como prueba lo que dijeron otros jueces que coinciden con Garzón

El escrito presentado por el ministerio público en la causa de la Memoria Histórica solicita como prueba los autos que dictaron Garzón y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional durante la instrucción de la causa. También pide testimonio de los votos particulares que formularon Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Clara Bayarri.

Estos tres magistrados, al igual que Garzón, consideran que la Audiencia Nacional es competente para investigar los crímenes del franquismo. Su testimonio figuraba entre los de los juristas internacionales, expertos en justicia universal, solicitados por la defensa de Garzón, una prueba que fue rechazada por el instructor.

La Corte Penal Internacional niega que el magistrado tenga allí inmunidad

La fiscalía, que ha pedido con insistencia el sobreseimiento de las actuaciones y apoya la petición de nulidad del escrito de acusación de Manos Limpias que reclama 20 años de inhabilitación para el juez, defiende la tramitación que hizo Garzón, insistiendo en que, pese al desacuerdo que mantuvo con el ministerio público, no cometió delito.

Explica que en diciembre de 2006 entraron en la Audiencia Nacional las primeras denuncias por los crímenes franquistas. La investigación correspondió por turno al Juzgado Central de Instrucción número 5, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2006.

Asuntos Exteriores vuelve a apoyar la marcha del juez a La Haya

En enero de 2008, la fiscalía le dijo al juez que no podía investigar los crímenes franquistas, pero el 16 de octubre Garzón se declaró 'formalmente competente para investigar los hechos que le habían sido denunciados y acordó una serie de resoluciones, en estricto cumplimiento de las normas procesales', para averiguar si hubo delito y determinar la culpabilidad de sus autores.

El fiscal resalta que todos los autos de Garzón fueron anulados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 2 de diciembre de 2008.

Pero el problema más inmediato de Garzón no es la proximidad de este juicio, sino que la comisión permanente se pronuncie sobre su petición para incorporarse a la Fiscalía de la CPI, en situación de servicios especiales, lo que le permitirá conservar su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 5 mientras esté suspendido cautelarmente.

Al CGPJ sólo le faltan los informes del fiscal y del Supremo para autorizar el viaje

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalaron que la comisión permanente prevista para hoy (como cada martes) no se pronunciará sobre esta petición, aunque sus cinco miembros volverán a reunirse en cuanto tengan los cinco informes que solicitaron el viernes. Existe la posibilidad de que se convoque una nueva permanente hoy por la tarde. Así se pronunciarían antes del pleno que está previsto mañana.

Al Consejo llegaron ayer el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ambos vuelven a ser favorables a la petición de Garzón.

El de la Corte Penal Internacional señala que 'ya conocía la investigación abierta contra Garzón y comprende que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, debía ser suspendido de sus funciones'. Añade que 'en sus decisiones administrativas respeta el principio de inocencia', por lo que 'no se advierten razones para modificar la decisión de contratar' a Garzón. Por si acaso aclara 'que el cargo de asesor no incluye ningún tipo de inmunidad procesal'.

Exteriores también se pronuncia a favor de la concesión de los servicios especiales a Garzón, porque 'siempre es partidario de reforzar la presencia española en organismos internacionales', señaló un portavoz del ministerio.

Todavía faltan los solicitados a la Sala Segunda del Supremo y a la fiscalía. Ninguno tiene por qué ser negativo, porque el alto tribunal no ha impuesto medidas cautelares a Garzón que limiten sus movimientos en ninguno de los tres procedimientos abiertos, y el fiscal no parece que pueda poner objeciones cuando no ve delito en la actuación de Garzón.

Con todos los informes en la mano, el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, hará uno nuevo sobre el permiso Garzón, que será determinante para resolver la incertidumbre en la que vive el juez. El viernes, cuatro de los cinco vocales de la permanente se mostraron ante sus compañeros a favor de la concesión.

El aplazamiento de la decisión sobre la concesión del permiso solicitado por el juez Baltasar Garzón repercute en el funcionamiento de la Audiencia Nacional, en concreto, en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

De los alrededor de 300 asuntos que se siguen en el juzgado del que es titular Baltasar Garzón se ocupa desde su suspensión, el viernes, su sustituto natural, el juez Santiago Pedraz, que los compatibiliza durante unos días con los de su juzgado, el número 1.

Si a Garzón se le concede la situación de servicios especiales, la plaza dejada por Garzón temporalmente se cubrirá mediante un concurso, pero si se le niega esta oportunidad, se nombrará a su sustituto en comisión de servicios.

Los trámites para cubrir la vacante no pueden iniciarse mientras la permanente no se pronuncie sobre la petición de Garzón, porque de ello depende la forma utilizada.