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El PP desmiente al Tribunal Supremo y sostiene que Camps no está imputado

Cospedal avala la teoría de la conspiración del president y niega los fundamentos de la sentencia

MARÍA JESÚS GÜEMES

La dirección nacional del PP se niega a afrontar la realidad. La sentencia del Supremo señala que sobre el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha recaído una 'imputación judicial equivalente al procesamiento'. Pero el equipo de Mariano Rajoy no lo acepta y prefiere ignorar al alto tribunal.

En la cúpula del PP tienen su propia teoría y, como principal argumento, sostienen que 'nunca hubo auto previo de imputación'. Eso sí, admiten que Camps fue a declarar en calidad de imputado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el 20 de mayo de hace hoy un año, porque acudió asistido por un letrado.

Defiende que no hay imputación formal en ningún momento del proceso

A su término, el instructor de la causa, el magistrado José Flors, le mantuvo la imputación. Pero para el PP eso no cuenta. Lo importante es que el presidente del TSJCV, 'su más que amigo', el juez Juan Luis De la Rúa, le dio carpetazo a la causa y, para ellos, se acabó la discusión.

Pero ahora, cuando el Supremo, ha anulado esa decisión y ha determinado que Camps recibió trajes 'por su función, de forma repetida y con opacidad', en la sede nacional se afanan por defender lo indefendible.

Con la reapertura todo vuelve de nuevo al punto del auto del 6 de julio de 2009 donde Flors ordenaba iniciar los trámites para celebrar un juicio con jurado. En otro posterior, del 17, el magistrado llegaba incluso a definir de forma expresa como 'imputados' a Camps y a los otros receptores de regalos de la trama corrupta.

Barberá dice que los políticos deberían ir al TS porque todos reciben regalos

Pero da igual. Incluso si lo indica expresamente el Supremo. El PP le da vueltas para ganar tiempo y concluye que sigue siendo 'discutible'. Dicen que ahora están a la espera del nuevo paso que dé el juez Flors y apuestan a que archivará el caso. Sin embargo, en privado, más de un dirigente conservador reconoce que la sentencia ha sido tan 'extremadamente dura' que no se debería barajar esta hipótesis.

La reticencia del PP a reconocer que Camps está imputado prueba su tremenda preocupación. Es un baldón para el currículum del futuro candidato y daría pie a que en las filas conservadoras reclamasen aún con más ahínco la adopción urgente de medidas como la suspensión de militancia o de funciones.

El equipo de Rajoy también prepara su respuesta: que el líder del PP canario, José Manuel Soria, estuvo imputado durante meses por el caso Salmón y que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien declara mañana por presuntos delitos contra la administración pública y supuesto fraude fiscal, ahí sigue. La diferencia es que Camps preside una de las dos joyas de la corona del poder territorial del PP.

Mientras se debate si está o no imputado, Rajoy permanece en silencio. En el PP la mayoría da por hecho que Camps se sentará en el banquillo y se preguntan qué hará entonces el jefe de la oposición y si cambiará en algo su postura. Sus colaboradores reiteran que mantendrá su 'apoyo sin fisuras'. Mientras, todo el partido clama que es 'una vergüenza' y que debería 'dimitir'. El blindaje, piensan, tiene que tener una fecha de caducidad.

Ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se enfrentó de lleno a toda esta polémica en Antena 3. La número dos del PP avaló la teoría de la conspiración de Camps cuando apuntó a que su proceso era 'un montaje' del Gobierno. Y mantuvo que el jefe del Consell no está imputado porque 'la sentencia 'no lo dice'. 'No ha habido ninguna imputación formal a Camps en ningún momento del procedimiento judicial', afirmó mientras la leían literalmente el párrafo redactado por el Supremo. A su juicio, se encuentra en una 'situación que está entremedias'.

En las filas conservadoras los nervios aumentan. '¡Ahora nos dicen que Camps está en limbo jurídico! ¡Lo que faltaba!', señala un diputado. Algunos reconocen con sorna que Rajoy cumplió su palabra cuando dijo que el president iba a ser cabeza de lista en 2001 'diga la Justicia lo que quiera'. Hay quien da ya la cara. 'Yo me apartaría si estuviera imputado por cohecho impropio', sentenciaba ayer el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, en Libertad Digital.

Desde Valencia también se elevaron voces. Su regidora, Rita Barberá, dijo que si todo el que ha recibido un regalo ha cometido cohecho, 'Zapatero debería ser el primero en ir al Supremo, y detrás de él todos los políticos de España'. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, representante del sector critico, mostró, como contrapunto, su respeto por las decisiones judiciales .

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