El auto del juez instructor de la Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, irrumpió ayer como un meteorito en el centro de la política valenciana. Fue el propio Francisco Camps uno de los primeros en reaccionar tras la inauguración de un Instituto de Seguridad Pública, en Cheste (Valencia). El president de la Generalitat intentó minimizar el impacto: '¿Ustedes creen que un Gobierno va a estar trapicheando con 80 contratos o con una pretendida trama de pequeñas empresas?'.

Los informes judiciales señalan que la 'pretendida trama' se embolsó de manera irregular 7,2 millones en adjudicaciones públicas entre 2004 y 2009. Buena parte de ese dinero estaría en paraísos fiscales. Pese a ello, Camps insistió en que no hay nada que ocultar, 'ya que todo es un montaje, una terrible falsedad, que acabará en nada'.

Casi al mismo tiempo, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino comparecían en rueda de prensa para valorar los tres primeros años de legislatura. Al primero, salpicado por la Gürtel por la presunta financiación irregular de su partido, se le atragantó la noticia: 'No la conozco, pero tengo la tranquilidad y la seguridad de que la gestión ha sido honesta'. Cotino guardó silencio. Una de sus empresas familiares, Sedesa, está siendo investigada por las cuentas opacas del PP valenciano.

El otro foco de atención se centró en el pleno de Les Corts. Sobre la bancada conservadora flotaba un ambiente de sepulcro: rostros de preocupación e idas y venidas cansinas por los pasillos. Entre ellas la de la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien redujo el auto de Pedreira, que relata hasta siete delitos, a 'una mera cuestión de técnica procedimental y de competencias. Nada sustancial'.

Un argumento que rechazó el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, para quien el traslado de las diligencias a Valencia supone 'un cambio cualitativo muy grande'. Según el dirigente socialista, Camps 'ya no se puede esconder bajo el manto de que son sólo tres trajes y como mucho habrá una multa y la pago. Estamos hablando de perder la condición de presidente de la Generalitat por una sentencia que lo inhabilite'. En esa línea, aventuró 'un inmediato e inminente acto formal de imputación' que acabe con 'todas las ficciones y ensoñaciones' de Camps.

Con la misma contundencia se expresó Mònica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, quien instó a Mariano Rajoy 'a dejar de deshojar la margarita' y cesar a Camps 'si no quiere ser cómplice de los corruptos y de los dirigentes que han atacado gravemente la democracia'. Recalcó que el asunto de los trajes era 'la punta del iceberg' de una trama 'que se ha enriquecido con el dinero de los valencianos y que ha corrompido al Gobierno valenciano de arriba abajo, con su presidente a la cabeza'.