Ya no habrá más confusión. Los créditos blandos que el Estado concederá a los países pobres para financiar proyectos de inversión adjudicados a empresas españolas “no podrán ser considerados en ningún caso como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)”. Fue el acuerdo que ayer miércoles sancionaron todos los grupos en el pleno del Senado: 249 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. La prohibición, taxativa, se recoge en la ley que reforma el sistema de apoyo financiero a las compañías que operan en el extranjero, y será refrendada definitivamente la próxima semana en el pleno del Congreso, el último paso antes de su entrada en vigor.

El Gobierno cumple así con una reivindicación histórica de las ONG, que solicitaban acabar con el controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), nacido en 1976 y que mezclaba la AOD –la cooperación en sentido estricto– con los préstamos que el Ejecutivo otorgaba ligados a intereses comerciales. Ambas líneas quedarán ya separadas.

Se crea dos fondos, uno para apoyar a empresas en el exterior y otro sólo de cooperación

Por un lado, se crea el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por el Ministerio de Industria y al que dio el visto bueno la Cámara Alta. Y por otro, el Fondo de Promoción del Desarrollo (Fonprode), que administrará Asuntos Exteriores y que se dedicará sólo a la AOD. La tramitación de este último está ahora en la Cámara Baja. El Senado ha aclarado más las dos parcelas, pues el texto que salió del Congreso a finales de marzo, en su artículo 12. 4, contemplaba la posibilidad de que parte de los FIEM se computasen como ayuda al desarrollo.

La Cámara Alta introdujo más mejoras: se refuerza el control parlamentario de los créditos, se vigilarán las inversiones en paraísos fiscales y se prohíbe dar créditos a países altamente endeudados –los HIPC, por sus siglas en inglés–, salvo que lo autorice expresamente el Consejo de Ministros, pues eso no haría sino agravar su deuda externa. El grupo de la Entesa quería que se impidieran los préstamos reembolsables a los Estados HIPC en toda circunstancia, sin que hubiera salvedades ni permisos del Gobierno.

Hasta el PP aplaudió que se hubiera “debatido” y “discutido” mucho la ley. Buena parte del clima de consenso lo fomentó en la Cámara la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, pues la separación del FIEM y el Fonprode se gestó en su etapa como secretaria de Estado de Cooperación (2004-08). La número tres de los socialistas estuvo incluso ayer negociando con los representantes de las ONG, antes de que comenzara el pleno. 

La Cámara instará al Gobierno a que acuerde en la UE una defensa de los Objetivos del Milenio

Ayer se alzó, sin embargo, una voz más exigente, la de Jordi Guillot (Iniciativa per Catalunya Verds), también presidente de la Comisión de Cooperación Internacional del Senado, que reclamó que se “rehaga un acuerdo imprescindible”, el Pacto contra la Pobreza firmado entre partidos y ONG en diciembre de 2007, para analizar el tijeretazo del Gobierno, de 800 millones de euros en dos años, y ver cómo alcanzar los Objetivos del Milenio de la ONU. Hay que 'replantear el pacto, buscar nuevos consensos a partir de compromisos claros que permitan mantener una unidad política y social totalmente necesaria en las políticas de cooperación y solidaridad de España', subrayó al final de su intervención. Y es que ahora ya no se podrá cumplir el compromiso de destinar el 0,7% del PIB hasta 2015, y no en 2012, como el Ejecutivo socialista había apalabrado.

En ese sentido, se aprobará en la próxima reunión de la Comisión de Cooperación –para la que no hay fecha– una iniciativa impulsada por Guillot y suscrita por todos los grupos. Con ella, se insta al Ejecutivo a que promueva el 18 de junio, en el Consejo Europeo de verano, una posición común de la UE sobre los Objetivos del Milenio, y que presente esa visión en la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York (20-22 de septiembre). La moción asimismo pide que se elabore un calendario 'con plazos vinculantes' para aumentar la AOD y 'mejorar su eficacia'. 

ICV, uno de los grupos que más ha peleado por el cambio de los créditos FAD, no ha visto reflejadas todas sus demandas en la ley vista ayer por el Senado. Juzga fundamental que la norma garantice 'que las políticas comerciales' desplegadas gracias al FIEM 'sean coherentes con las políticas de cooperación y que no sean dos instrumentos contradictorios o paralelos en la acción de gobierno'. Es decir, que repeten los derechos humanos y de los trabajadores, la protección del medio ambiente y las disposiciones internacionales anticorrupción.