De una amenaza de multa a la amenaza real de cárcel. El nuevo auto del juez Antonio Pedreira sobre la rama valenciana del caso Gürtel ha modificado de forma drástica el horizonte penal del presidente valenciano, Francisco Camps, y su entorno más cercano en la Generalitat y el PP. Seis de los siete delitos atribuidos en el auto judicial conllevan cárcel. La pena más alta se establece para el delito de soborno, castigado con hasta seis años de prisión cuando un funcionario o cargo público recibe un pago a cambio de cometer o permitir un acto ilegal. También acarrean cárcel el delito electoral (hasta tres años), el fiscal (cuatro), el de falsedad (seis), el de blanqueo (seis) y el de asociación ilícita (tres por cooperación).

Atendiendo a la relación estricta de cargos del PP a los que el auto achaca delitos concretos y tomando en consideración cinco de las siete figuras penales citadas (todas menos prevaricación, que no acarrea cárcel; y blanqueo, atribuible sólo a los miembros de la red Gürtel), el riesgo de cárcel se cierne sobre el siguiente grupo: el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla; el ex secretario general del PP, Ricardo Costa; el vicesecretario general, David Serra; la tesorera, Yolanda García; la administradora de las elecciones autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez; el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret; y el ex director general de Canal Nou, Pedro García Gimeno. Hasta ahora, la sanción máxima a la que se arriesgaban Camps y los otros tres cargos que recibieron regalos de la trama era el pago de una multa de 72.000 euros por cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno.

Todos los delitos salvo el de prevaricación entrañan prisión

Entre los posibles autores de un delito de cohecho sin adjetivos -soborno clásico-, el auto señala a Ricardo Costa, Rafael Betoret y Pedro García Gimeno. Y deja abierta la puerta en lo que a Camps respecta. Aquí, el delito de cohecho va directamente conectado al delito fiscal, al de falsedad y al de prevaricación, castigado con hasta diez años de inhabilitación. La concesión irregular de contratos a Orange Market, la marca valenciana de la red corrupta, ofrece, según el auto, visos de prevaricación. La resolución avisa de que los sobornos podrían estar vinculados a esos contratos.

Costa habría incurrido igualmente en un delito de falsedad junto con Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García. El auto subraya que colaboraron en el falseamiento de facturas: sin la intervención del PP, Orange Market la marca levantina de la red Gürtel no habría podido endosar facturas falsas a empresarios afines que contribuyeron así a financiar al PP. Entre 2007 y 2008, ocho empresarios sufragaron gastos del partido por importe global de 891.000 euros.

Hasta ahora, Camps se arriesgaba como mucho a 72.000 euros de multa

Según la Fiscalía Anticorrupción, cuyas tesis hace suyas Pedreira en el auto conocido el miércoles, Luis Bárcenas y la valenciana Cristina Ibáñez serían los autores directos del delito como administradores generales del PP, el primero para los comicios locales; la segunda, para los autonómicos. Pero el auto subraya que con ellos 'cooperarían' Rambla, Costa y Serra. El Código Penal equipara los castigos dirigidos al autor directo de un delito y al de los cooperadores, aquellos sin cuya participación habría resulta imposible la comisión del delito.

El auto cita de pasada el delito de asociación ilícita, en principio atribuible al grupo de Correa. Pero el Código Penal también castiga con hasta tres años a quienes 'con su cooperación económica o de cualquier clase, en todo caso relevante' favorezcan a las redes criminales, en este caso el conglomerado Gürtel.