El director del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March, Ignacio Sánchez-Cuenca (Valencia, 1966), ha publicado recientemente Más democracia, menos liberalismo. Con este libro pretende recuperar parte de la confianza perdida en el funcionamiento del sistema democrático, donde lo liberal pesa demasiado

Afirma que las instituciones representativas están siendo debilitadas por las contramayoritarias. ¿En qué consisten?

Una institución contramayoritaria no está sujeta a elección popular y sus decisiones prevalecen sobre la voluntad de los ciudadanos.

¿Por qué los políticos de origen democrático aceptan esas limitaciones?

Forma parte del consenso dominante que hay en las sociedades occidentales, que entiende que siempre se consiguen mejores soluciones a través de procedimientos no democráticos que democráticos. Creo que es necesario cuestionarlo.

¿Cómo es posible que no se cuestione el papel de esas instituciones liberales'?

No hay discusión sobre la independencia del BCE ni sobre el monopolio de la interpretación de la Constitución que tiene el Tribunal Constitucional. Casi nadie lo cuestiona en el debate público. No hay ningún partido que realmente debata sobre esta cuestión salvo cuando le afecta negativamente, como ha pasado ahora con el Estatut y los partidos catalanes. La tendencia dominante en la teoría política consiste en defender las soluciones contramayoritarias. La crisis económica, quizá, contribuya a corregir esto porque los fallos estrepitosos de las agencias reguladoras ponen de manifiesto que estas soluciones no siempre funcionan como se espera.

El TC no consigue dictar una sentencia sobre el Estatut y la división política va a más. ¿La solución es prescindir del Constitucional?

No, a estas alturas no se puede hacer eso. Una solución podría ser que se renueve y empiece de cero; también podrían dimitir todos los miembros del tribunal dado el cúmulo de errores que ha ido acumulándose estos años.

¿Quién debe tener la última palabra en asuntos constitucionales?

Sugiero dos cosas para que el Tribunal Constitucional no tenga el monopolio de la interpretación en asuntos constitucionales. Una es que las sentencias puedan ser superadas por una mayoría cualificada del Parlamento. Si dos tercios se pusiesen de acuerdo en que el TC no tiene razón, prevalecería la opinión de los representantes. El principal obstáculo para esta reforma es la propia rigidez de la Constitución. La otra opción, que sería más fácil de llevar a cabo mediante una reforma de la Ley Orgánica del TC, es obligar a los miembros del tribunal a tomar sus decisiones por mayoría cualificada, que se tengan que poner de acuerdo los jueces de ambos bandos. Sólo si son capaces de superar sus diferencias ideológicas podremos aceptar que la inconstitucionalidad de una ley era flagrante: en ese caso, sería razonable acatar su decisión. Si no son capaces, es mejor que decidan los representantes antes que los miembros del Constitucional.

La propuesta de que el Parlamento decida en temas relacionados con la Constitución, ¿la utilizaría siempre?

En cuestiones territoriales, en las que hay mucha asimetría entre el poder central y las regiones periféricas, está bien que arbitre un tribunal independiente. Pero creo también que es necesario institucionalizar la presencia de magistrados que se hagan eco de las demandas e intereses de esas regiones.

Defiende flexibilizar la Constitución. ¿Pero está la cultura política española preparada para ello?

Desde un punto de vista comparado, la Constitución española está entre las más rígidas del mundo. Ni la Constitución ni la cultura política del país lo permiten porque se tiende a pensar que cualquier reforma nos va a llevar a un periodo de inestabilidad y puede avivar conflictos que nadie quiere. Lo que late en el fondo es mucho miedo al problema territorial, a que si se hace menos rígida la Constitución, País Vasco y Catalunya puedan encontrar vías para la secesión. Esto produce pánico en España.

Los ciudadanos tampoco están muy implicados en la vida política del país.

En los estudios sobre calidad de la democracia que realiza la Fundación Alternativas, sale a relucir que una de las principales insatisfacciones con el sistema democrático español es su incapacidad para corregir las desigualdades sociales. Este es uno de los motivos que genera mayor desafección; probablemente más que la bronca de los partidos, que es lo que siempre se dice. En muchos ámbitos, desde el legal al administrativo, político y económico, España es un país muy rígido.