El PP exige al Ejecutivo lo que no cumple allí donde gobierna. La última de estas peticiones lleva unos meses en boca de los principales líderes conservadores y ayer fue recuperada por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en un acto en Segurilla (Toledo). Se trata de la supresión de las denominadas embajadas autonómicas, uno de los recortes que los conservadores sugieren para evitar la congelación de las pensiones. 'No se pueden tener miles y miles de millones de euros en algunas medio embajadas de comunidades autónomas a lo largo y ancho de todo el mundo', se lamentó.

Lo que obvió Cospedal en su discurso es que 64 de estas oficinas representan a comunidades autónomas en las que gobierna su partido. Y que la formación en la que ejerce como secretaria general no tiene previsto suprimirlas. Sólo la oficina de la que dispone la Comunitat Valenciana desde 1989 en Bruselas cuesta a la Generalitat de Francisco Camps más de un millón de euros al año.

El propio Rajoy ya insinuó al Ejecutivo socialista en septiembre del pasado año que la eliminación de las embajadas debía ser una de las medidas para recortar el gasto público. 'Sobran ministerios, se solapan competencias, se multiplica la burocracia, se dedica dinero público a hacer favores y a publicitar las labores del Gobierno, las comunidades abren embajadas en el exterior o se encargan informes innecesarios o falsos', afirmó entonces el líder del PP.

El asunto llegó hace unas semanas hasta el Congreso de la mano de Eugenio Nasarre, diputado conservador por Jaén que pidió por escrito al Ministerio de Política Territorial la relación de las oficinas autonómicas en el extranjero, cuya existencia tildó de 'despilfarro'. Según el documento que le remitió el departamento que dirige el también vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves, existen 188 oficinas, de las cuales 184 corresponden a las distintas autonomías y cuatro a entidades provinciales o locales.

'Ha habido una creación desbocada de este tipo de organismos y no podemos permitirnos ese lujo', explicó el propio Nasarre a Público esta semana. 'En los países en los que existan oficinas diplomáticas del Estado, las comunidades autónomas deben defender sus intereses a través de esos cauces. Y se debe priorizar la marca España', sugirió el diputado del PP. Él mismo dio traslado de la lista de embajadas al propio Rajoy, que según explicó el parlamentario, 'propuso la necesidad de reformar los planteamientos' de las autonomías sobre el tema.

Esa iniciativa del líder del PP sigue sin ponerse negro sobre blanco. Fuentes del partido especificaron que la supresión de los organismos territoriales no se ha establecido como una doctrina a seguir en las comunidades lideradas por los conservadores, y afirmaron desconocer si se lo han planteado los gobiernos autonómicos de sus comunidades.

Los datos facilitados por el Ejecutivo ponen de manifiesto esa doble vara de medir del PP en este asunto. Por ejemplo, la Comunitat Valenciana de Camps es la autonomía liderada por los conservadores que más embajadas mantiene desplegadas por el mundo 23 y la segunda de todo el Estado. Únicamente le supera Catalunya, que tiene 47.

De todas esas oficinas valencianas, 21 son institutos de exportación cuya finalidad es facilitar las transacciones comerciales. Se ubican en países europeos, principalmente, pero también en África, EEUU o Latinoamérica. Llama la atención la existencia de una de estas embajadas en Cuba, cuyo régimen es duramente criticado desde las filas del PP. Fuentes del Ejecutivo autonómico afirmaron en su día que ninguna de estas representaciones va a desaparecer por el momento.

La mayor parte del presupuesto de las embajadas de las comunidades autónomas se la llevan las oficinas ubicadas en Bruselas. Todas las autonomías del PP tienen delegaciones en la ciudad belga, para asegurarse unas buenas relaciones con los demás países de la UE, al margen de las que mantiene el Gobierno central.

La promoción del turismo es otro de los objetivos primordiales que persiguen este tipo de organismos oficiales. Es el caso de muchas de las oficinas que Murcia, gobernada también por el PP, mantiene y financia en el extranjero. Son un total de 12 que se reparten entre Europa, América y Asia. Al igual que en el caso de la Comunitat Valenciana, no hay noticias de que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel vaya a proceder a suprimir esas delegaciones.

'Madrid abre hospitales, otros abren embajadas', afirmó en tono crítico la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en julio de 2009. La dirigente olvidó que la comunidad que ella preside es una de las que más embajadas territoriales tiene repartidas por el mundo. Hay once, en total. En 2008, Aguirre anunció la creación de una red de 'oficinas comerciales' en el exterior. 'Las primeras abrirán en México, Miami, Shanghai y Sao Paulo, y les seguirán las de Nueva York y Tokio', apuntó entonces una nota oficial. Han sido inauguradas todas menos las dos últimas, según el documento del Gobierno, y el Ejecutivo de Aguirre no se ha planteado suprimirlas.

Otro tanto ocurre en Galicia, cuyo Gobierno está en manos del conservador Alberto Núñez Feijóo desde hace un año. La comunidad dispone de institutos para la promoción económica en países como China, Japón o México. También tiene repartidas por el mundo varias oficinas dedicadas a promocionar el turismo en Galicia y otras encargadas de gestionar los trámites de los numerosos emigrantes gallegos desplazados por los cinco continentes.

En menor medida, La Rioja y Castilla y León también han diseñado una red de embajadas. La primera dispone de delegaciones en Bélgica y México y la comunidad presidida por el Juan Vicente Herrera (PP) tiene oficinas en Brasil, Chile o Hungría, entre otros lugares.

El pasado día 19, el PP volvió a dar muestras de la ambigüedad con la que está afrontando la reducción de las embajadas autonómicas. UPN solicitó en el Congreso poner fecha a dicha supresión de oficinas territoriales. Pero los conservadores se negaron alegando que previamente es necesario 'un informe sobre la situación de las oficinas y un diálogo para definir claramente las necesidades de las comunidades en cuanto a su representación'.

Además de proponer esta iniciativa, Cospedal se preguntó ayer en su acto con pensionistas en Toledo para qué sirven los ministerios de Vivienda, Igualdad y las tres vicepresidencias. Y se lamentó de que el Gobierno, que se ha gastado, según dijo, 13.500 millones en las obras del Plan E, quiera 'castigar' ahora a los pensionistas

Las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PSOE tienen en total 105 ‘embajadas' autonómicas en el exterior. Catalunya, en el punto de mira de los conservadores por impulsar la existencia de estas oficinas, tiene 47 delegaciones repartidas por el mundo, según el informe del Ministerio de Política Territorial al que tuvo acceso este diario. Le sigue Andalucía, con veinte ‘embajadas' desplegadas por los cinco continentes; Asturias, con trece, y Euskadi, con 12. Con un número inferior figuran Aragón, que tiene cinco oficinas, y Extremadura, que dispone de cuatro.

Por último, Balears y Castilla -La Mancha cuentan con dos delegaciones territoriales en el extranjero. Canarias, presidida por CC, ha consolidado una red de ocho delegaciones, Navarra (UPN) tiene cinco y Cantabria (PRC) dispone de dos. Además de las comunidades autónomas, las provincias andaluzas de Huelva y Almería y la Diputación de Barcelona están representadas en Bruselas con oficinas propias.