A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana mueva ficha, el PP volvió a salir ayer en defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, afirmó que su compañero de filas es uno los 'grandes líderes' de los que dispone su formación.

Da igual que Camps esté imputado por cohecho impropio (soborno) por el caso de los trajes y que pueda ser encausado por varios delitos más, entre ellos prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o financiación ilegal, cuya condena acarrea varios años de cárcel y de inhabilitación para cargo público.

Afirma que Camps tiene derecho a defenderse 'política y jurídicamente'

La defensa de Pons sonó parecida a la que, en julio de 2008, realizó Mariano Rajoy al referirse al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Entonces, el líder del PP mantuvo que Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración y la Hacienda pública, era 'un ciudadano y un político ejemplar'.

Pons aseguró ayer que la posición del PP respecto al barón valenciano 'no ha cambiado'. 'Es el candidato a las próximas elecciones y no hay ninguna novedad', comentó reconociendo con ello que el aval de Rajoy sigue vigente.

'Hemos sido muy exigentes con nosotros mismos', dice el vicesecretario

Durante la rueda de prensa le preguntaron si le parecían adecuadas las últimas declaraciones que había hecho Camps y si la dirección nacional pensaba, como él, que la situación en la que se encuentra responde a un 'montaje orquestado por el Gobierno'. González Pons no quiso reconocer en público lo que muchos dirigentes sostienen en privado: que 'ha perdido los papeles' y se está 'extralimitando'.

Al contrario, se mantuvo fiel al discurso oficial. 'Sus declaraciones, lejos de perjudicar, benefician al PP', explicó Pons. Y comentó que el PP piensa que Camps tiene 'derecho a defenderse política y jurídicamente'. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció en los mismos términos. Dijo que creía en su homólogo y que, sin respeto a la presunción de inocencia, 'no hay Estado de Derecho'.

Con ello, el PP avaló en cuestión de segundos todo lo que ha venido proclamando Camps en estas dos últimas semanas tras el varapalo del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De hecho, entre sus perlas, el president dijo que era 'de risa' la sentencia emitida por el primer órgano jurisdiccional y calificó de auto de 'corta y pega' la decisión del segundo.

El abogado de Bárcenas cobrará por la cuantía 'justa y acorde' a su tarea

El equipo de Rajoy se tragó, además, otro sapo. Nadie olvida como Camps se atribuyó, hace tan sólo unos días, en un acto de homenaje en Valencia, el liderazgo del PP nacional desde 2004 y afirmó que, por ese motivo, estaba siendo objeto de una persecución.

Pons también tuvo que salir ayer al paso de los datos que apuntan hacia una supuesta financiación ilegal de su partido. Para el dirigente conservador la investigación está 'sólo en sus inicios'. 'Esta conducirá a demostrar que el PP de la Comunitat Valenciana nunca se ha financiado de manera ilegal', dijo puntualizando.

De acuerdo con el auto del juez Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones de euros en dinero negro y aceptó que la trama Gürtel endosara a empresarios afines facturas electorales por 376.000 euros. De esta forma, el PP de Camps superó claramente los gastos legales establecidos.

Pero, a pesar de ello, los conservadores no tienen previsto activar ninguna comisión de investigación ni dar explicaciones. Tampoco sobre lareaparición del nombre del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en la resolución judicial. Esta le señala como el administrador general del PP en las locales de 2007 y, con ello, se traslada al equipo de Rajoy la responsabilidad.

Pons afirmó que las cuentas están 'suficientemente avaladas por los organismos reguladores'. Y barrió para fuera insistiendo en que Bárcenas aparece porque, 'como tesorero nacional, él firma en última instancia la contabilidad de todo el partido'. 'Pero no significa nada más', resaltó. Dicho esto, el PP emplazó al PSOE a exigir explicaciones a los socialistas catalanes por el caso Pretoria en el que están implicados cargos del PSC y de CiU para que 'todos' sean iguales: 'Nosotros hemos sido muy exigentes con nosotros mismos. Ahora esperamos que lo sean ellos'.

Además reconoció que el PP pagará parte de los honorarios del abogado de Bárcenas. Señaló que ahora la minuta está 'en negociación' para que su cuantía sea 'justa y acorde' con la tarea realizada. Según El País, el ex senador habría reclamado a su partido el pago de 200.000 euros a Miguel Bajo, uno de los penalistas más prestigiosos de España. 

La instrucción del ‘caso Gondomar', una trama urbanística en la que están imputados dos ex ediles del PP del citado municipio pontevedrés, ha puesto en el punto de mira la financiación de las campañas electorales de los conservadores en Montevideo (Uruguay). Ayer, José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura, admitió ante el juez que tanto él como el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, cobraron 540.000 euros a tres promotores inmobiliarios a cambio de convenios urbanísticos. Una cantidad que, según afirmó, se iba a destinar a financiar la campaña del PP en Montevideo y a apoyar al partido independiente Move Gondomar. La declaración de los imputados en este caso coincide con el momento en el que el partido presidido por Mariano Rajoy ha anunciado la presentación de una Proposición no de Ley para que se prohíban las precampañas electorales y así reducir el gasto. Esta trama urbanística se destapó en febrero de 2007 tras la denuncia de un promotor vigués que colaboró con la Guardia Civil para detener a los implicados. Además de Mosquera y Gómez, están implicados en el caso María Belén F. F., ex pareja del ex edil de Cultura, y el arquitecto Francisco Borja R. M.