Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, se ha convertido en todo un ejemplo dentro de su partido, el PP. Primero, por haber hecho posible el cambio en su comunidad en las gallegas de marzo de 2009. Y, también, por erigirse en adalid de la austeridad.

Su propio jefe de filas, Mariano Rajoy, se lo ha reconocido. 'Galicia funciona, el cambio es bueno, Alberto Núñez ha sabido demostrar que es posible gobernar de otra manera [...] Me gusta por su labor, su austeridad', aseguraba el pasado 11 de abril en un acto en Santiago. Pero hay gestos que ponen en evidencia estas afirmaciones. El más escandaloso y reciente, la pretensión de gastar 191.600 euros en 376 sillas para la biblioteca de la Cidade da Cultura, un macroproyecto ideado por Manuel Fraga cuyo presupuesto se ha disparado hasta los 500 millones de euros (casi cuatro veces más que el Palma Arena, que en Baleares ha supuesto la imputación del ex presidente Jaume Matas).

Sobre todo, si se tiene en cuenta que Feijóo hizo precisamente de otras sillas, en este caso las del despacho de Emilio Pérez Touriño, su antecesor en el cargo valoradas en 2.000 euros uno de los ejes de su campaña electoral. No había mitin en el que no pusiese sobre la mesa el despilfarro del entonces presidente de la Xunta. También sirvió de munición para el líder del PP: '¿Hay alguien aquí que se haya sentado en una silla que vale 2.300 euros, como la de Touriño?', llegó a preguntar Rajoy a los asistentes a un acto en plena campaña.

La Xunta gastará un millón de euros en promocionar su decreto del gallego

El del mobiliario para la Cidade da Cultura no es el único ejemplo con el que la oposición denuncia el 'despilfarro' de Feijóo. Hay otros casos, como el del decreto del gallego y cómo ha afectado a los libros de texto, el de los gastos en viajes de integrantes de su Gobierno o el de los coches oficiales.

La Xunta busca proveedor que dote a la biblioteca de la Cidade da Cultura de sillas. En concreto, 376 con un presupuesto de 191.600 euros. El concurso de licitación, según la web de este complejo de edificios ubicados en el monte Gaiás, está todavía abierto. ¿Es posible que en tiempos de crisis un gobierno autonómico se muestre dispuesto a pagar más de 500 euros por una silla? Para el PP de Galicia, parece que sí.

La primera reacción de los conservadores fue la de defender el gasto. Roberto Varela, conselleiro de Cultura, lo justificó con el argumento de que el mobiliario debe estar a la altura del proyecto de la Cidade da Cultura, obra del arquitecto Peter Eisenman.

Su compañero Pedro Puy, portavoz de Economía del PP en la Cámara gallega, aporta más argumentos. Primero, parte de la base de que, a diferencia de la sillas de Touriño, las de la citada biblioteca no son para uso de los políticos. Y después, asegura que en el cálculo proyectado se ha tenido en cuenta que estos muebles sean 'ergonómicos y perdurables'. Se trata, a su juicio, de que 'tengan bajo coste de mantenimiento y tarden más en ser sustituidas'.

El PP defiende que se han reducido a la mitad los gastos en desplazamiento

Además, destaca que, pese al precio de la licitación, el concurso está todavía sin resolver. 'Se cree que la cuantía bajará de un 15 a un 20%', dice. En el mercado existe una amplia gama de sillas de oficina a partir de los 120 euros.

Para el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Ayme-rich, las razones que el PP esgrime son 'peregrinas'. Máxime cuando denuncia 'la improvisación permanente de Feijóo' en sus actuaciones relacionadas con este complejo de edificios, todavía en obras, que el ex presidente de la Xunta Manuel Fraga pretendía haber inaugurado en 2004. Ahora, los conservadores pretenden abrir al público la biblioteca y el archivo antes de fin de año.

También los socialistas califican de 'curiosa' la explicación del PP a este derroche en plena crisis. 'Es un poco obsceno que se diga que son sillas para el público y no para los políticos. No se trata de fustigar a los políticos, sino de hacer las cosas bien', sostiene el portavoz parlamentario del PSdeG-PSOE, Xaquín Fernández Leiceaga.

La plataforma Queremos Galego cifra en cinco millones de euros el coste que va a suponer a las arcas públicas gallegas la puesta en marcha del nuevo decreto sobre la lengua. La asociación llega a esta cifra después de sumar el coste de la consulta a los padres (160.000 euros), el cambio de cartelería de las galescolas (40.000), la próxima campaña de publicidad del nuevo decreto (1.000.000) y los 3.800.000 que, según la Asociación Galega de Editores, supondrá prescindir de 190.000 libros de texto escritos en gallego que aún están en vigor. Precisamente, en esta última cuestión ponen el énfasis los partidos.

Fernández Leiceaga sostiene que este es 'un ejemplo más de que en la Xunta no hay un trabajo serio en pro de la austeridad'. Mientras, Anxo Lorenzo, secretario general de Política Lingüística, ha justificado el gasto con el argumento de que es necesario poner el 'contador a cero' para adaptar el idioma de los libros al nuevo decreto. Y Puy matiza que la campaña de promoción del decreto 'está relacionada con un servicio de información al ciudadano'.

Es la cantidad que ha costado a la Xunta estar presente en la Expo de Shanghai, una cifra que PSOE y BNG ven escandalosa y ante la que el PP se defiende argumentando que el bipartito tenía previsto un gasto de tres millones de euros. De este capítulo, lo más llamativo han sido los más de 14.000 euros que el conselleiro Varela y dos miembros de su equipo gastaron en billetes de avión, según denunciaron los socialistas. El propio Feijóo ha reconocido que 'pudo ser excesivo', pero no admite 'lecciones' de los socialistas.

Además de las sillas, el Audi A-8 de Touriño, 'más caro que el coche de Obama', según decía Feijóo, fue otra de las denuncias de campaña. Una denuncia que también se le ha vuelto en contra. Aymerich recuerda que Feijóo nunca ha explicado por qué ha disfrutado de un coche cedido por Citroën. Mientras, el PSdeG denuncia que 'después de malvender los Audi del anterior gobierno, desde marzo de 2009 lleva ya gastados más de 10 millones de euros en adquirir por leasing o renting unos 500 vehículos. Puy defiende, sin embargo, que los gastos que generaban los desplazamientos de los altos cargos se han reducido a la mitad.