Convergència Democràtica de Catalunya no está dispuesta a que sus relaciones con el saqueador confeso del Palau de la Música, Fèlix Millet, ensombrezcan un escenario electoral que hasta ahora Artur Mas, líder de CiU, veía despejado.

Este lunes el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, se empleó a fondo para sacar hierro al asunto después de que este fin de semana algunos medios de comunicación hayan dado a conocer el cobro por parte del partido de comisiones a partir de la obra pública concedida por los gobiernos de Jordi Pujol. De hecho, el propio Millet era el que pedía a cargos nacionalistas que garantizaran concursos a algunas empresas de las que cobraba el Palau, que después hacia llegar el dinero al partido.

Felip Puig recordó que en su día ya se buscaron 'irregularidades' por parte de los nacionalistas en la concesión de la obra pública y que ni ahora ni antes se han detectado. Tras una reunión de la cúpula de CDC en que se constató, con preocupación, cómo el serial de las relaciones económicas con Millet (que hasta ahora estaba circunscrito a un convenio de 600.000 euros entre el Palau y el partido, que devolverá) puede golpearles políticamente, Puig compareció ante la prensa para asegurar que su formación 'no tiene nada que esconder' y que todos los procesos de adjudicación de obra pública que firmó su partido fueron 'absolutamente transparentes, impecables y pulcros'.

Después de ofrecer su disponibilidad a declarar en la comisión de investigación para despejar cualquier duda, Puig denunció que tiene la sensación de encontrarse 'ante una inquisición política, que sólo persigue el desgaste de CDC y de CiU' y criticó que 'hay políticos que intentan judicializar la vida política'.

El dirigente de CDC también defendió la gestión del administrador del partido y de la fundación Trias Fargas (ligada a la formación), Carles Torrent, que murió en 2005. Puig reconoció que se firmaron siete convenios de colaboración entre la Fundación Trias Fargas y el Palau de la Música, pero aseguro que eran 'legales' y declarados a Hacienda.

El líder de ERC, Joan Puigcercós, hizo cálculos y estimó que, entre 2003 y 2008, CDC 'se ha podido llevar' unos 5,8 millones de euros por el entramado del caso Palau de la Música. Según Puigcercós, la función de la comisión de investigación es 'destapar' el entramado económico que CDC había creado durante años pero sin convertirla 'en un show mediático'.

Por este motivo, Puigcercós no considera necesario que declaren 'políticos de primer nivel'. El PSC se mostró en la misma línea que ERC pero ICV-EUiA adelantó que pedirá la comparecencia de Artur Mas, líderde CiU, ante la comisión de investigación.