La votación de la sentencia del Estatut de Catalunya supuso ayer la desaparición de los bloques en los que se presumía se dividían los magistrados que conforman el pleno del Tribunal Constitucional. Una división que durante los casi cuatro años en los que se han prolongado las deliberaciones sobre el texto catalán habían superado la clásica separación entre los magistrados considerados conservadores y los progresistas.

Sólo los magistrados que siempre han apoyado los borradores preparados por la primera ponente, Elisa Pérez Vera, mantuvieron ayer su criterio y votaron igual. Se trata de los que se enmarcan en el sector progresista: la propia Pérez Vera, la presidenta, María Emilia Casas, Eugeni Gay y Pascual Sala.

Aragón se unió a los conservadores y a los progresistas según los bloques

Si Manuel Aragón, el quinto magistrado al que se consideraba incluido en este sector, porque fue elegido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hubiera sumado a los cuatro anteriores, las deliberaciones habrían terminado en noviembre del año pasado.

Pero Aragón consideraba imprescindible que la preeminencia de la nación española quedara explícita en la resolución. Y los otros cuatro discrepaban al entender que es doctrina del alto tribunal no conceder eficacia jurídica a los preámbulos, por lo que era irrelevante su precisión.

Para Aragón no era suficiente que el preámbulo del Estatut no tuviera eficacia jurídica: quería que constara que las referencias del texto a 'Catalunya como nación' y a 'la realidad nacional de Catalunya' no es más que una declaración de principios.

La división de los más contrarios al texto catalán se hizo visible ayer

Por eso, ayer Aragón se sumó a los cinco magistrados más reacionarios al Estatut. En su contra votaron los cuatro con los que se creía que votaría, cuando se vivió en el Estatut la guerra de recusaciones que inició el PP y con la que consiguió apartar a Pablo Pérez Tremps.

Pero la posición de Aragón tampoco fue la que se presumía en el último tramo de las deliberaciones. Aragón estaba considerado uno más de un tercer bloque calificado de bisagra, del que también formarían parte el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y Ramón Rodríguez Arribas. A los tres se les vio juntos en la última Feria de Abril.

Sin embargo, en la votación de ayer cada uno fue fiel a su posición. Aragón votó con los conservadores en lo relativo al preámbulo, para lograr la preeminencia de la nación española, y con los progresistas en los otros tres bloques que se sometieron a votación: las constitucionalidades, las inconstitucionalidades y las interpretaciones conformes.

Ramón Rodríguez Arribas, por su parte, anunció hasta voto particular discrepante y fue uno de los dos magistrados que no compartieron las inconstitucionalidades declaradas por el resto.

Jiménez votó las inconstitucionalidades y fue el único magistrado considerado conservador que no anunció voto particular. Estas diferencias ejemplifican por qué no hubo sentencia del sector conservador cuando el vicepresidente fue ponente.