La lucha de los afectados por el amianto ganó ayer una nueva e importante batalla. El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid hizo pública una sentencia en la que condena a la firma Uralita a pagar casi cuatro millones de euros a 45 vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet (Barcelona) que enfermaron a causa de la actividad de una fábrica de la empresa situada entre ambas poblaciones.

El fallo ha sido calificado de 'histórico' por los demandantes. Por primera vez, los afectados que plantan cara a una compañía no tienen relación contractual con ella, sino que son vecinos de una de sus fábricas o familiares de trabajadores, que enfermaron fuera del centro de trabajo.

Es el primer fallo de este tipo en el que los demandantes no trabajan en la firma

Desde 2005, numerosos ex empleados de empresas que trabajaban con el amianto han ido ganando juicios que obligaban a las firmas a indemnizarles por los daños sufridos, sobre todo en sus aparatos respiratorios, como consecuencia de su actividad profesional con el material tóxico.

Los abogados de Uralita defendieron en el juicio que las acciones de las que se acusaba a la empresa habían prescrito, que no existían reponsabilidades extracontractuales y que no se incumplió la normativa vigente en cada momento.

El juez denegó todos estos razonamientos y ha determinado que las causas no habían prescrito, al tratarse de enfermedades que se manifiestan entre 20 y 50 años después de la infección. Del mismo modo, el juez cita que 'la exposición al amianto puede ser laboral, doméstica o ambiental' y apela al artículo 1902 del Código Civil, según el cual 'el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado'.

Tanto la compañía como los afectados recurrirán la sentencia judicial

El texto es muy contundente a la hora de repartir culpas y asegura que 'es claro' que los vecinos enfermaron a causa de la actividad de la fábrica. Por este motivo, el fallo determina que Uralita debe indemnizar a los demandantes con cuantías de entre 43.079 y 470.756,05 euros, a pesar de que la empresa cumpliera con la normativa de prevención y de que los damnificados no fuesen sus trabajadores.

Algunos demandantes presentan dolencias benignas que no han evolucionado a males mayores. En estos casos, la sentencia reconoce daños morales a causa de la angustia y la 'merma de calidad de vida' que les supuso cambiar de hábitos para evitar la evolución de la enfermedad. Buena parte de las indemnizaciones responde precisamente a estos daños morales.

El amianto es un mineral muy tóxico capaz de provocar varias enfermedades que pueden conllevar la muerte. Fue prohibido en España en 2002, aunque su uso ya se había restringido años antes. Hasta entonces era considerado como un material milagroso, barato y con unas propiedades muy atractivas que lo hacían útil para más de 3.600 aplicaciones, en especial, en la construcción y la industria.

La empresa Uralita es una de las muchas compañías que usaban este material, en su caso, para fabricar fibrocemento, una combinación de agua, amianto y cemento para hacer este más resistente a los cambios de temperatura y a las deformaciones.

Durante su implantación en Cerdanyola, entre 1907 y 1997, el juez da por probado que los vecinos de esta localidad y de Ripollet se infectaron a causa de la emisión de polvo de amianto a través de las ventanas y la puerta de la fábrica, de la manipulación de las ropas de familiares que sí trabajaban en ella, y de la contaminación originada en la degradación de residuos derivados de la propia actividad de la nave. Del mismo modo, Uralita vertió grandes cantidades del mineral en las calles a modo de pavimento.

Los vecinos interpusieron la demanda en 2007 y pidieron una indemnización total de 5,6 millones de euros. El juicio se celebró durante el pasado mayo y, a pesar de la sentencia y de que 14 de los vecinos murieron durante el proceso, la causa aún no ha terminado. Los abogados de Uralita ya han anunciado que recurrirán la resolución, como ya preveían los demandantes.

Por su lado, los vecinos también están estudiando apelar, puesto que de los 47 denunciantes hay dos a los que se les ha denegado la indemnización. Calculan que el proceso puede alargarse uno o dos años más, aunque Jesús Ferrer, portavoz de los afectados, calificó de 'muy positivo' el primer fallo y aseguró que no lo esperaban tan pronto.

Los ayuntamientos de Cerdanyola del Vallès y de Ripollet les apoyaron en todo momento y ayer la alcaldesa de la primera localidad, Carme Carmona (PSC), mostró su satisfacción por la sentencia. 'Es importante que el tribunal reconozca la existencia de víctimas pasivas del amianto', destacó.

Las consecuencias de este juicio son una incógnita, aunque este precedente puede abrir la puerta a que otros muchos vecinos afectados en estos u otros municipios denuncien a otras fábricas donde se trataba el amianto.