La investigación contra la corrupción en el PP balear sigue avanzando. Hoy declararán ante el juez los dos últimos detenidos, los responsables de Espiral Producciones Televisión y Centro de Comunicación Creativa, ambas empresas proveedoras del Institut Balear de Turisme (Ibatur). Se los acusa del presunto pago de comisiones al Partido Popular a través de la realización de actos electorales que después no constan como cobrados, lo que podría servir para encubrir una forma de financiación irregular del partido presidido por Mariano Rajoy.

Los investigadores examinan la documentación intervenida en ambas empresas y en la también registrada Fotos Deià, en Soller, para concretar si el cobro por los servicios prestados al PP se camufló bajo otros conceptos, un dato clave para determinar si fueron facturados o no, lo que determinará si hubo financiación irregular o no.

Actos organizados por proveedores del Ibatur no constan como cobrados

La operación Pasarela, en la que se produjeron los arrestos, se inició el pasado 29 de junio con las detenciones de los ex gerentes del Ibatur Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern y el secretario y asesor jurídico de la entidad, Miquel Àngel Bonet.

En esta causa, el juez de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca, Juan Ignacio Lope Sola, investiga los delitos de malversación, prevaricación, falsedad de documentos oficiales, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y contra la Hacienda Pública, a través del desvío de fondos del Ibatur mediante contratos irregulares en la legislatura 2003-2007, cuando gobernaba el PP en las Illes Balears.

Según las fuentes consultadas, el modo de actuar de Espiral y el Centro de Comunicación Creativa podría ser similar al descrito en relación con Nimbus en el auto en el que se fijó una fianza de tres millones de euros para el ex presidente balear Jaume Matas. En esa resolución se afirma que en las facturas presentadas por Nimbus se comprueba que hay facturas 'por conceptos inexistentes, que no responden a prestación de servicio alguno' o con importes triplicados.

El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, contratado por el PP de Illes Balears, aseguró ayer que cuando cualquier afiliado o simpatizante del PP 'ha cometido la más mínima irregularidad, es inmediatamente expulsado del partido'.

Pero los conservadores no han sido hasta ahora tan contundentes con sus compañeros de partido implicados en casos de corrupción. El ex presidente balear Jaume Matas, imputado en el caso Palma Arena por delitos cometidos presuntamente durante su etapa al frente del Govern, no fue cesado por la dirección nacional del PP, sino que fue él mismo quien abandonó la formación.