La aprobación de la iniciativa legislativa popular que prohíbe los espectáculos taurinos en Catalunya ha sido la excusa para que los líderes del PP vuelvan a agitar el miedo de la ruptura de España entre los ciudadanos. Ayer, muchos políticos valoraron la decisión adoptada por el Parlament, pero sólo los conservadores bombardearon sus declaraciones con alusiones a la supuesta división que sufre el país.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, quiso hacer un alegato en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero no se quedó sólo ahí sino que también anunció que su grupo en el Congreso presentará una iniciativa 'en defensa de la libertad' para que la fiesta de los toros sea declarada 'bien de interés cultural'. Una estrategia que algunos constitucionalistas ponen en duda, porque la lidia 'no está dentro de los posibles bienes declarables' en esa categoría, según la Ley del Patrimonio Histórico de 1985.

De hecho, el verdadero objetivo de esta iniciativa, explicó, es que 'se retrate el PSOE' y diga al conjunto de los españoles si 'cree en el Estado de las Autonomías, en los derechos y libertades y en la igualdad de todos los ciudadanos'. Relacionó este debate con un supuesto intento de 'jugar a dividir y separar', algo que 'no es lo que necesita hoy nadie, ni Cataluña ni el resto de España'. Por otro lado, afirmó que 'no se puede anteponer cuestiones identitarias, búsquedas de diferencias absurdas restringiendo derechos y libertades de ciudadanos'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue aún más lejos. Según ella, la prohibición sólo busca 'romper lazos' entre Catalunya y España y 'no tiene nada que ver con el maltrato animal'. La presidenta acusó al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de 'impulsar' la medida, pese a que es el resultado de una iniciativa legislativa popular y los diputados del PSC votaron mayoritariamente en contra.

Aguirre llegó a vincular la norma con 'un deseo de romper lazos con el resto de España, de lo que todo el mundo reconoce como seña de identidad de España desaparezca de Catalunya'. El PSOE, insistió, 'no ha dudado en permitir que esta medida liberticida' sea aprobada por el Parlament. La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, calificó de 'disparate' la 'manía del PSOE de prohibir y negar la libertad' de todos. En esa línea, el eurodiputado conservador Jaime Mayor Oreja aseguró que la prohibición es la expresión de una 'ofensiva nacionalista' y la 'confirmación' de la crisis 'profunda' de España.

Aunque, en un principio, el PP de Catalunya consideró la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, de momento la dirección nacional ha optado por acudir al Congreso. Pero, para el profesor de derecho administrativo de la Universidad de Valencia Gabriel Domenech, lo máximo que puede conseguir por esta vía es 'poner incómodo al PSOE'. Desde un punto de vista jurídico, le parece más razonable 'impugnar la ley y plantear un recurso' al verse afectados varios derechos fundamentales, como las libertades profesional y de empresa.

Según el profesor, el punto más débil de la prohibición 'es su carácter discriminatorio', dado que hay otras actividades en las que también se maltrata a los animales y nadie se plantea prohibirlas. En defensa de la igualdad de todos, Rajoy planteó además si 'alguien puede imaginar que sea normal que una comunidad prohiba la caza, la pesca o las carreras de motos y en otras no'.

Pero lo cierto es que, en Canarias, sí fue considerado 'normal'. Desde 1991, las corridas de toros están prohibidas y no ha surgido ningún problema. Es más, fueron desterradas con el impulso del hoy diputado regional del PP de las Islas Miguel Cabrera.