Ni ha habido una avalancha de jóvenes en los centros de interrupción voluntaria del embarazo ni el tiempo de gestación de las mujeres que han decidido abortar ha aumentado, como preconizaban el PP y los grupos antiabortistas. De momento, más de un mes después de su entrada en vigor, el pasado 5 de julio, la nueva Ley del Aborto no ha causado prácticamente cambios en el día a día, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Aún es pronto y no hay datos generales, pero la experiencia individual de diversas clínicas apunta a los perfiles anteriores a la modificación normativa.

Es, por ejemplo, lo que ocurreen Andalucía, la región donde mejor se aplica la norma, según ACAI. En general, las jóvenes de 16 y 17 años acuden acompañadas por sus padres a abortar, como sucedía antes de la entrada en vigor de la nueva ley: el 70% de las chicas ya llegaba con sus padres. En el caso concreto de diversos centros, como los de Granada y Almería, concertados con el Servicio Andaluz de Salud, sólo el 2% de menores alegó un conflicto familiar.

Los perfiles se mantienen tras un mes de la entrada en vigor de la ley

Con la nueva ley, recurrida por el PP en el Tribunal Constitucional, el consentimiento de las jóvenes de 16 y 17 años corresponde 'exclusivamente' a ellas, aunque al menos uno de sus progenitores o tutores tiene que ser informado. La excepción, demonizada por la derecha, se produce 'cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo'.

De hecho, el principal motivo presentado por estas jóvenes en las clínicas son las diferencias ideológicas entre padres e hijas, quienes temen incluso ser maltratadas. Pero también han aducido causas más concretas, como el drama que encierra el caso de una joven inmigrante, que alegó que su padre ya la había obligado a tener un hijo con 14 años.

'Nos aseguramos muchísimo de la madurez de las jóvenes; se las evalúa hasta que comprobamos efectivamente que la chica dice la verdad con todos los recursos que tenemos', explica la vicepresidenta de ACAI, Francisca García. En esas situaciones, además, las chicas se responsabilizan por escrito de su historia.

Las mujeres suelen interrumpir su embarazo antes de la octava semana

El aumento del tiempo legal para abortar libremente, hasta las 14 semanas, tampoco ha supuesto cambio práctico alguno, según ACAI. 'Las mujeres continúan abortando en la séptima y octava semana. Y la mayoría tienen entre 20 y 30 años. Que nos den un derecho, como es decidir sobre la interrupción de nuestro embarazo, no significa que seamos unas irresponsables', reflexiona García.

Por no cambiar, la norma ni siquiera ha mejorado el acceso por igual en toda España, denuncia la asociación. 'La ley, ahora mismo, no está garantizando la equidad y la calidad que pretendía en todo el territorio español', insiste García. 'Aún hay muchas diferencias. Las autonomías que aplicaban correctamente la ley anterior a la modificación, como Andalucía, lo siguen haciendo bien, y las que la aplicaban mal, como Navarra, lo continúan haciendo mal', añade.

'La norma no garantiza la igualdad de acceso', critican las clínicas

Navarra, por ejemplo, no permite que la intervención se haga dentro de su territorio y envía a las mujeres al País Vasco. Según ACAI, otras comunidades como Asturias, 'con buena voluntad', han ido improvisando acuerdos con centros. 'El modelo tiene que ser el de los conciertos públicos que desarrolla Andalucía, que es la mejor forma de que las mujeres puedan ejercer su derecho con igualdad y con calidad', destaca García.

En la actualidad, el Servicio Andaluz de Salud mantiene conciertos con siete clínicas. 'El sistema que teníamos nos ha beneficiado a la hora de aplicar la nueva ley, para la que apenas hemos tenido que hacer modificaciones', explican fuentes de la Consejería andaluza de Salud.

ACAI muestra una preocupación especial en el aspecto de la confidencialidad en Catalunya, donde las mujeres deben avanzar el coste de la intervención (en torno a los 350 y 400 euros). 'Las clínicas dan a las pacientes una factura y con eso tienen que ir a un organismo público para que le reembolsen la cantidad, algo que rompe esa confidencialidad', explican.

No obstante, según la Generalitat, en ningún momento se quiebra el anonimato. 'Cuando la clínica le da el importe a la mujer, se tiene que dirigir al Servei Català de la Salut para que le hagan el reembolso; está claro que la atienden funcionarios, pero en ningún momento la información sale de ahí, como en muchas otras cuestiones que tramita la Administración', explican fuentes del Departament de Salut.

En principio, este modelo de actuación se extenderá sólo hasta el próximo 1 de enero, cuando la Generalitat tiene previsto establecer directamente conciertos con las clínicas acreditadas.