En un gesto que denota la prioridad que concede a cerrar la brecha catalana, el Gobierno ha pisado el acelerador para devolver plena vigencia al Estatut tras las restricciones impuestas por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Ayer, el consejo de ministros encomendó al Ministerio de Justicia iniciar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El objetivo, introducir una delegación de competencias en favor de las comunidades autónomas, lo que permitirá la creación del Consejo de Justicia de Catalunya, órgano previsto en el Estatut y anulado por el alto tribunal. Aunque resulta materialmente imposible que la reforma esté concluida antes de la campaña de las elecciones catalanas del próximo otoño, el Ejecutivo sí confía en tener avanzados para entonces los trabajos de impulso estatutario.

Al igual que con el Consejo de Justicia, el Gobierno también tiene planes sobre otros artículos mutilados por el Constitucional: para salvar el artículo relativo a la competencia 'exclusiva' que el Estatut atribuía al Síndic de Greuges, precepto anulado, se baraja acudir a la figura de la encomienda de gestión o una similar. Así, y según fuentes cercanas al Gobierno, el Defensor del Pueblo estatal se reservaría ciertas competencias 'indelegables' y las demás quedarían en manos de su homólogo catalán.

El TC declaró inconstitucional el Consejo de Justicia de Catalunya bajo el argumento de que una comunidad no puede legislar por su cuenta en una materia sujeta a ley orgánica, como es la concerniente al gobierno de los jueces.

La modificación de la ley orgánica permitirá sortear el veto del Constitucional y dará carta de naturaleza legal a ese consejo, planteado en el Estatut como un 'órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial'. Los preceptos del Estatut sobre el Consejo de Justicia son prácticamente idénticos a los incorporados al Estatuto andaluz con el voto favorable del PP.

El mandato al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se produjo el mismo día en que el consejo de ministros analizó un informe del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sobre el desarrollo del Estatut. La pretensión es 'impulsar' el Estatut 'en todos los ámbitos' y satisfacer 'las legítimas aspiraciones' de los ciudadanos catalanes, explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Añadió que Justicia también estudiará la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal 'para permitir la incorporación de los fiscales a los consejos de justicia'. Asimismo, se abordará el asunto de la casación, es decir, de en qué tribunal, si en el Superior o en el Supremo, acaba la posibilidad de recurso ordinario.

El informe de Chaves llegó a la mesa del Consejo de Ministros dos semanas después de la reunión que, el 4 de agosto, mantuvo con el president de la Generalitat, José Montilla. Allí, ambos trazaron un calendario para rescatar el Estatut. Ahora, el plan comienza a dar sus primeros pasos. El Ejecutivo confía en que el grupo de trabajo transversal -casi todos los ministerios están implicados- creado para desarrollar el Estatut avance sus trabajos en septiembre. Ese mismo mes, debe reunirse la comisión bilateral Gobierno-Generalitat.

Las reacciones en Catalunya a la decisión del Gobierno fueron dispares, informa Glória Ayuso. Desde el PSC, la secretària de Desarrollo Estatutario del PSC y secretaria del Govern, Laia Bonet, valoró positivamente la puesta en marcha de mecanismos 'para recuperar la integridad del Estatut' y mantuvo que el anuncio del consejo de ministros 'va en la línea abordada' por Chaves con Montilla. Bonet reclamó que se concreten las medidas y el contenido 'lo más pronto posible' y se aborde el calendario de su aplicación.

Muy diferente fue la reacción de ERC. 'Han puesto en marcha la máquina de hacer humo', afirmó la portavoz de los republicanos en el Parlament, Anna Simó, que expresó la incredulidad de su partido ante el informe, un texto que calificó de 'vago y virtual'.