El Gobierno catalán destinará más mossos d'Esquadra a la persecución de los vendedores de top manta en los municipios tarraconenses El Vendrell y Calafell. De esa forma, el Departament d'Interior intenta zanjar la polémica abierta por los consistorios de ambos municipios, que en julio decidieron pactar con los vendedores ambulantes la delimitación de sendas zonas donde poder vender sin la persecución de la Policía Local.

Los alcaldes de los dos municipios dieron por bueno el compromiso de la Generalitat, que en definitiva es lo que perseguían con su medida, y podrán pacificar el tránsito de personas en sus respectivos paseos marítimos.

Ambos municipios mantendrán sólo hasta el próximo 1 de septiembre el trato de palabra sellado con los manteros para no perseguirlos. A partir de esa fecha, los dos municipios colaborarán con la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra para dar pistas sobre por dónde se mueven los vendedores ambulantes y dónde puede haber bases de sus proveedores para luchar contra toda la estructura existente de productos falsificados.

La resolución de la polémica conllevará asimismo otra decisión, que en este caso concierne a las patronales de comerciantes, que habían amenazado con denunciar lo que consideraban un caso de prevaricación de los dos gobiernos municipales. Finalmente, no habrá denuncia.

Interior no sabe todavía cuántos efectivos enviará a los dos municipios. Lo que sí acordó ayer tras una reunión de hora y media con todos los ámbitos afectados por la medida es que lanzará una campaña de concienciación para evitar que los ciudadanos compren productos a los manteros.

'Comprar no es caridad, sino perpetuar su situación de esclavitud', señaló ayer el conseller de Interior, Joan Saura, para dejar claro que, detrás de la venta ambulante y la situación de desamparo de los vendedores sin papeles, hay mafias organizadas que se lucran con la venta de falsificaciones o productos robados.