El PSOE estalló ayer en el último acto de un drama institucional que tiene al Tribunal Constitucional como escenario, al PP como actor principal y a la rebosada paciencia de los socialistas de coprotagonista. El bloqueo del partido conservador a la renovación del tribunal es un asunto encallado desde diciembre de 2007.

El PP se enrocó ayer en esta actitud, en vísperas de que el Senado se reúna para elegir a los cuatro magistrados que le corresponde renovar. La disposición del PSOE para proponer dos nombres en la reunión que la Comisión de Nombramientos de la Cámara celebrará el próximo martes chocó de frente con las reticencias solapadas de los conservadores.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, rehusó facilitar pistas. 'Le pido al PSOE que sea consecuente con el procedimiento que ha inventado', se limitó a señalar tras negar la existencia de 'un sólo contacto' en verano con el PSOE para encarar la difícil negociación que acompaña a cada relevo en las vacantes de órganos constitucionales.

Así, el PP se negó a aclarar si su partido aportará o no un nombre alternativo al del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, rechazado por el Senado por incumplir los requisitos de trayectoria y méritos que exige la ley para acceder al TC. Esta resistencia, el tono escasamente conciliador exhibido por el PP y la falta de respuesta a las llamadas al acuerdo del PSOE, son la prueba palpable para los socialistas de que Rajoy no desea un acuerdo que oxigene el TC. López fue elegido por todos los parlamentos autónomos de mayoría conservadora junto al ex presidente del CGPJ Francisco Hernando.

Los socialistas aceptan a Hernando, sin ningún entusiasmo, en aras de facilitar una salida, pero piden al PP un sustituto para López que, de momento, se niegan a poner sobre la mesa, conscientes de que su concurso es imprescindible, ya que la Constitución exige una mayoría de tres quintos para renovar el Tribunal. El PP ha convertido su resistencia en un juego de estrategia a largo plazo.

El cerco que mantienen sobre la institución ha movido al PSOE a redoblar su presión para tratar de mover a los conservadores del inmovilismo táctico diseñado por el gurú de Mariano Rajoy en materia judicial, Federico Trillo. Sus tesis han vencido a las del portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, que se mostró dispuesto en julio a evitar una caída en barrena del TC abriendo el paracaídas de su renovación en septiembre.

'Nos hemos encontrado con que las últimas llamadas de Carmela Silva a García-Escudero no han tenido contestación', denunció ayer el responsable parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso. La portavoz socialista en la Cámara Alta ha telefoneado hasta cuatro veces cada día en la última semana a su homólogo conservador para engrasar un acuerdo. Sin respuesta.

La dirección del PP, mientras tanto, se limita a señalar que 'todo sigue como estaba antes del verano'. García Escudero y Trillo han escogido el silencio como estrategia ante el PSOE. Tampoco respondieron a las llamadas de Público para conocer su versión.

Con estos mimbres, la dirección del Grupo Socialista está convencida de que el PP trata de perpetuarse en una 'guerra de tiempo' para ganarse una mayoría conservadora en el alto tribunal, donde la correlación de teóricas sensibilidades políticas es muy ajustada.

Tres de los cuatro magistrados que el Senado tiene pendiente relevar responden a un perfil conservador y uno, la presidenta, al progresista. Si el PP propone dos nombres y el PSOE otros dos, como correspondería hacer el martes, el partido de Rajoy perdería un magistrado condescendiente con sus tesis.

A este juego de ambición se une otra variable. Ya que el Gobierno designa a dos de los magistrados del TC, una eventual victoria del PP en las próximas generales, como predicen las encuestas, le permitiría redoblar en 2013 su influencia en el Constitucional completando la hoja de ruta diseñada por Trillo. Ese año concluye el mandato de otros cuatro magistrados.

Esta instrumentalización encabeza las críticas que lanzan contra el partido conservador el Ejecutivo y el PSOE, que habían puesto hasta ahora sordina a sus reproches para no enturbiar un hipotético acuerdo. La paciencia se agotó ayer: 'Si el PP persiste en su bloqueo demostrará que el interés del Estado le importa un bledo y que prioriza su interés de partido por encima del general', denunció Alonso.

'Es un insulto a la Constitución, una intolerable estrategia de seguir minando al TC y una humillación a los parlamentos autonómicos', que propusieron a la veintena de candidatos entre los que tienen que elegir socialistas y conservadores, señala a Público un miembro del Gobierno. 'Pretenden demostrar que el único intérprete de la Constitución es la derecha', concluye esta misma fuente.

Entre sus temores pesa también que el PP pretenda solapar la renovación que corresponde al Senado con la que debe acometer en diciembre el Congreso, 'rompiendo la obligación constitucional de renovar el TC por tercios'.

El PSOE maneja un material extremadamente delicado, la propia institución y el nombre y prestigio de los juristas llamados a renovarla, lo que desaconseja, según explica su dirección en el Congreso, lanzar 'alegremente' una propuesta el próximo martes. Eso sólo conseguiría 'quemar' a sus candidatos, explican.

Las tesis socialistas cuentan con el apoyo de una amplia mayoría del Senado. CiU apoyaría los nombres que propongan los socialistas 'si incluyen un candidato designado por el Parlament de Catalunya', según aclara su portavoz en la Cámara, Jordi Vilajoana.

La Entesa -PSC, ERC, ICV, EUiA- también respaldaría el tándem propuesto por el PSOE, aunque rechaza respaldar a Hernando, por su perfil 'diametralmente enfrentado' a la 'esencia territorializante' que 'debe presidir el trabajo de un miembro del TC designado, precisamente, por la cámara de los territorios', según explica uno de sus portavoces.

El PSOE niega que esté actuando en este conflicto con 'candor político', frente a la táctica afilada del PP, y anuncia que intensificará su presión política en las próximas semanas para mostrar que 'el único responsable del bloqueo' es el partido de Rajoy.

Los socialistas abrazan la esperanza de que el PP 'pague un coste político por este obstruccionismo'. Levantadas las armas, los negociadores socialistas -Vicepresidencia, Justicia y Grupo- no descartan que la salida definitiva requiera una conversación entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. ¿Está previsto? 'No, no en principio, pero hablan con mucha más frecuencia de la que se podría pensar', aseguran desde el Ejecutivo aportando una nueva incógnita para el enigma no resuelto de la renovación del Constitucional.