Por segunda vez en este tórrido verano madrileño, la lideresa de la comunidad, Esperanza Aguirre, ha anunciado su intención de recortar derechos laborales reconocidos en convenios colectivos aún operativos y que en su día suscribió con su puño y letra. El anuncio ayer de bajar hasta el 'mínimo' los créditos por representación sindical, se suma a la decisión de bajar un 5% el salario de los empleados de la empresa pública Metro, lo que desencadenó una huelga muy agresiva.

El anuncio de Aguirre, a la espera de que la presidenta desvele sus cartas de cómo va a llevar a cabo su idea, supone modificar un punto pactado en un convenio colectivo, que rige con rango de ley, y por tanto, incumplirlo, lo que los expertos considerarían llanamente 'ilegal'.

El convenio delos funcionarios comunitarios caducó en 2007

El derecho a horas de representación sindical está reconocido por ley, y luego es negociado al alza entre la Administración y los sindicatos en los convenios colectivos vigentes. Los sindicatos reconocen que en la Comunidad de Madrid estos derechos están mejorados en casi el doble sobre el mínimo que exige la ley, una ventaja que lleva operando en la autonomía desde 1996 y que Aguirre ratificó en el último convenio de funcionarios fechado en marzo de 2005.

Este convenio se hizo de aplicación para el periodo 2004-2007, pero sigue en funcionamiento debido a que la comunidad y los empleados públicos no han sido capaces de negociar un nuevo acuerdo, según denuncian los sindicatos. Para la ley laboral española, hasta que no se pacte un nuevo convenio colectivo que derogue el anterior, el último acuerdo sigue con plena vigencia.

En el texto que ratificó Aguirre, se otorga a los delegados sindicales en centros públicos de hasta 250 funcionarios el derecho a tener 40 horas de representación sindical al mes, cuando en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto de la Función Pública se recoge que una empresa o centro de un tamaño similar puede tener la mitad.

Madrid apelará a una alteración de la economía para romper el acuerdo

La graduación es exponencial, hasta el punto de que un centro de más de 500 funcionarios en la Comunidad de Madrid concede a sus delegados sindicales hasta 75 horas mensuales para trabajar en la representación de la plantilla. Teniendo en cuenta que la jornada laboral pactada para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid es de 35 horas mensuales, esto supone que Aguirre suscribió que los delegados sindicales de estos centros pudieran liberarse de sus funciones profesionales más de dos semanas al mes para dedicarse a defender a los trabajadores.

Fuentes sindicales consultadas no descartan que este podría ser un punto en una posible renegociación del convenio, pero recuerdan que un aviso público y unilateral no es la mejor forma de iniciar un proceso de diálogo.

Aguirre pretende modificar el acuerdo amparándose en el artículo 38 del Estatuto del Empleado Público, el mismo al que se acogió el Gobierno central para recortar el sueldo de los funcionarios. Según este artículo, cuando exista una 'alteración sustancial de las circunstancias económicas', las autoridades públicas pueden llegar a incumplir un acuerdo. La justificación de estas 'circunstancias' es especialmente difícil para Madrid, la única de las 17 autonomías españolas que cumplió con los objetivos de déficit público el año pasado.

Otra de las fórmulas de Aguirre para reducir los créditos sindicales es reagrupar los centros de trabajo de sanidad, pasando de 11 ámbitos de trabajo a uno. Aunque el número de delegados se reduce, los que quedan pasaran a tener todos 75 horas mensuales.

Lo que se conoce como liberados sindicales son aquellos miembros del comité de empresa o de la sección sindical a los que los compañeros han cedido todas sus horas de representación, por lo que, en la práctica, pueden dedicar toda su jornada laboral a estas actividades.

Algunos de estos liberados, sobre todo en la Función Pública, prestan sus servicios fuera del centro de trabajo, en las sedes de los sindicatos. Uno de los más famosos es José María Fidalgo, liberado de la Sanidad madrileña que llegó a secretario general de CCOO. En general, los liberados de la empresa media española disponen de 15 horas de representación mensuales y deben notificar por adelantado a la empresa su uso.