Finalmente, el Gobierno opta por lo más sencillo en su anunciada intención de elevar la presión fiscal sobre los 'ciudadanos con alta capacidad económica', según la expresión utilizada en su día por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Renuncia a crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, a imitación del que existe en Francia o el extinto Impuesto sobre el Patrimonio español, y planea elevar el IRPF sobre las rentas más elevadas.

En medios gubernamentales se venía defendiendo la creación de un nuevo impuesto que iría directamente a gravar a los más ricos. Pero los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda han desaconsejado la puesta en marcha de una nueva figura tributaria por las complicaciones que supone. Hacienda también descarta recuperar Patrimonio, porque considera que traería más inconvenientes que ventajas. Por ejemplo, las comunidades autónomas tienen la facultad de modificar este impuesto y algunas gobernadas por el PP ya habían anunciado su propósito de eliminarlo en sus territorios, lo que hubiera acarreado desigualdades entre comunidades.

Así, la idea es actuar sobre el IRPF. Esta subida la ha propuesto el Gobierno al PNV en el marco de la negociación de los Presupuestos del Estado de 2011, según fuentes cercanas a la negociación. Se trata de crear un nuevo tramo en la parte estatal del Impuesto sobre la Renta, que se aplicaría a los contribuyentes con ingresos más altos.

En concreto, la línea se ha puesto en los 120.000 euros de ingresos (aunque se ha manejado en la negociación la posibilidad de llegar hasta los 125.000 euros), que soportarían un tipo marginal del 47% (no se descarta que se pueda quedar en el 46%). Actualmente, el tipo máximo del IRPFes del 43%, que soportan los contribuyentes con rentas superiores a los 53.400 euros.

La decisión del Ejecutivo supondría la primera subida del impuesto desde que se creó a finales de los años setenta; entonces, el tipo máximo del impuesto era del 65,61%, que se aplicaba a los que ganaban más de 9,8 millones de pesetas de la época, una cantidad que equivaldría, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, a unos 318.000 euros de ahora.

La subida proyectada por el Gobierno toma como modelo el aumento del IRPF aprobado por la Generalitat de Catalu-nya y se acerca al que planean otras comunidades. El nuevo modelo de financiación autonómica reparte el impuesto al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, a las que, además, concede mayores facultades para modificar el tributo en su territorio.

Catalunya ha sido la primera autonomía que ha aprobado una subida del IRPF para elevar sus ingresos, que se han desplomado por la crisis. En su caso, ha introducido dos tramos en la parte autonómica del impuesto, el primero para los ingresos de más de 120.000 euros, a un tipo del 47%, y otro para las rentas superiores a 175.000 euros, con un tipo marginal del 50%.

Andalucía y Extremadura también han anunciado un tramo para las rentas de más de 120.000 euros. Otras comunidades proyectan igualmente otro escalón a su parte de la tarifa del impuesto, aunque lo han situado a partir de los 100.000 euros (ver información adjunta).

Algunos fiscalistas apuntan que la solución de incrementar el IRPF para las rentas más altas no puede considerarse estrictamente una subida de impuestos para los más ricos. El Impuesto sobre la Renta grava principalmente los salarios (y también los ingresos por actividades profesionales o empresariales, pero su peso es menor); es decir, la subida la soportarán los contribuyentes con sueldos más altos, que no son necesariamente los que más tienen. Estos, al contrario, en la mayoría de las ocasiones, reciben sus retribuciones a través de sociedades (que tienen una tributación menor) y, además, sus bienes y su patrimonio no se verán afectados, lo que sí hubiera sucedido con un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, como había llegado a manejar el Gobierno.

La subida del IRPF afectaría a cerca de 200.000 contribuyentes; es decir, a uno de cada diez declarantes del impuesto. Como ya había anticipado Hacienda, el incremento de la presión fiscal no supondrá unos ingresos muy elevados: estaría entre 700 y 800 millones para un tributo que recauda unos 70.000 millones de euros. Por ello, el Ejecutivo insiste en que se no se trata de una medida recaudatoria, sino que persigue una mayor equidad en el sistema fiscal.

Sobre los impuestos habló ayer el responsable de economía de la Ejecutiva del PSOE y secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien aseguró que es 'imposible' bajar los impuestos en ningún país del mundo. Lo único que se puede pretender es 'no subirlos demasiado', aseguró Granado en su intervención en el programa 59 segundos de TVE.

El diputado de CIU Carles Campuzano replicó que sería 'un error' incrementar la presión sobre las rentas del trabajo.

El desplome de los ingresos y la necesidad de reducir el déficit público llevó al Gobierno a variar su política de reducción de impuestos.

En junio del año pasado, abrió la puerta a las subidas fiscales al elevar los gravámenes de los impuestos sobre carburantes y sobre el tabaco.

Con los Presupuestos de 2010, se abordó una subida fiscal en dos pasos. El primero se dio en enero, con la elevación de los rendimientos del capital en el IRPF del 18% al 19%, y se introdujo otro gravamen del 21% para las rentas de más de 6.000 euros.

El segundo paso fue el incremento del IVA, que entró en vigor el pasado 1 de julio. El tipo general se elevó dos puntos, al 18%, y el tipo reducido, uno, al 8%.

Además, con los Presupuestos se revisaron algunas de las medidas anticrisis, como la deducción de 400 euros en el IRPF, que se ha limitado para los ingresos inferiores a 18.000 euros.

Con todas estas medidas, se ha logrado que la recaudación aumentara casi un 14% en julio, todavía sin contar el incremento del IVA.