Once años. Es el tiempo que llevan esperando sentencia los recursos de inconstitucionalidad promovidos por José María Aznar, cuando era presidente, contra un artículo de la ley de apoyo a las selecciones catalanas de 1999 y otro de la Ley del Deporte del País Vasco de 1998, en el Tribunal Constitucional (TC). Un periodo muy superior a la media que, según la presidenta del órgano judicial, María Emilia Casas, es de seis años.

En el TC señalan que estos recursos tienen que ver con cuestiones relativas 'al ámbito competencial' de las Comunidades Autónomas y del Estado, y justifican el retraso atendiendo a la relación directa con la sentencia sobre el Estatut de Catalunya, que es la que 'marca las líneas rojas' en cuanto a las competencias. Una vez resuelto el Estatut, apuntan, parece más factible que haya un fallo sobre la ley catalana.

Casajuana prefiere que resuelva cuando 'se forme el nuevo tribunal'

'A los catalanes no nos extraña que no haya resuelto este tema, teniendo en cuenta lo que ha tardado con el Estatut', señala el diputado del Partido Socialista de Catalunya Josep Casajuana, una de las formaciones que votó a favor de la ley. La portavoz de Iniciativa per Catalunya, Dolors Camats, resalta que, más allá de la ley, 'lo importante es la voluntad mayoritaria de la sociedad', que desea que 'las selecciones catalanas compitan internacionalmente'.

La norma de apoyo a las selecciones catalanas fue aprobada, recuerda Casajuana, con el apoyo de 'más del 80% del Parlament' en julio de 1999. Votaron a favor CiU, PSC, ERC e ICV. Sólo se opuso el PP porque, según explica el diputado Daniel Sirera, que fue ponente, 'invadía competencias del Estado'.

La diputada de ICV apela a 'la voluntad de la sociedad catalana'

Lo cierto es que, cuatro meses después de su aprobación, el presidente Aznar promovió un recurso de inconstitucionalidad que implicaba la suspensión automática del precepto que fijaba que 'las federaciones deportivas catalanas de cada modalidad deportiva son las representantes del respectivo deporte federado catalán en los ámbitos supraautonómicos'.

El abogado del Estado subrayaba que ese 'sólo' podía interpretarse como que las 'federaciones catalanas ostentan en exclusiva la representación del deporte catalán en el ámbito estatal e internacional'. El mismo razonamiento que había esgrimido un año antes para recurrir la Ley del Deporte del País Vasco. En el caso de las selecciones catalanas, además, añadía un agravante, 'la posible adopción de medidas similares por parte de otras comunidades'.

En 2004, con la llegada del PSOE al Gobierno, CiU intentó que el nuevo Ejecutivo desistiera del recurso contra la ley autonómica, pero no lo consiguió. El Gobierno de Zapatero lo mantuvo atendiendo a que 'la Ley del Deporte que sigue en vigor impide la representación de las selecciones autonómicas en competiciones oficiales internacionales', justificó en su día el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Esta posición criticada por CiU la explica Casajuana recordando 'las dos corrientes' que conviven en el PSOE, 'una más plurinacional y otra más centralista'.

En el caso del País Vasco, el cambio de Gobierno tampoco favoreció que desistiera el recurso presentado a principios de 1999 contra la Ley de Deporte del País Vasco, que aprobó una mayoría nacionalista en el Parlamento. En concreto, contra el artículo 16.6, que establece que 'la federación vasca de cada modalidad deportiva será la única representante del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional'.

El parlamentario vasco del PNV Ricardo Agatzagaetxebarría sostiene que, 'en materia deportiva, PP y PSOE tienen la misma posición'. Si bien destaca que la impugnación de Aznar como presidente implicó 'la suspensión automática' del precepto y generó 'mayor inseguridad'. Agatzagaetxebarría, afirma que el periodo de espera es excesivo y recuerda que 'una justicia tan dilatada deja de ser justicia'.

Con dos tercios del pleno del Tribunal Constitucional a punto de ser renovados, Casajuana prefiere 'esperar a que se forme el nuevo tribunal' con la esperanza de que 'actúen con un espíritu más federalista, no jacobino' como el mostrado en la sentencia del Estatut. Un punto en el que coincide Camats, que señala que 'hace falta la sentencia, que el Constitucional valide la ley que aprobó el Parlament'.

La Ley del Deporte del País Vasco aprobada en junio de 1998 y la ley de apoyo a las selecciones catalanas de julio de 1999 fueron recurridas por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en 1999 por las referencias a la representación de las selecciones catalanas y vascas en el ámbito internacional o 'supraautonómico'.

En ambos casos los preceptos impugnados por el Gobierno central son calcados, como la posterior argumentación para el recurso, que atendía a las competencias exclusivas que se arrogaban las autonomías.

Las selecciones autonómicas pueden participar en competiciones amistosas, pero no en las oficiales e internacionales, donde sólo ha lugar a la participación de la selección española. La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Dolors Camats insiste en que 'la voluntad mayoritaria en Catalunya' es que puedan participar con pleno derecho en pruebas internacionales.

El parlamentario vasco Ricardo Agatzagaetxebarría reconoce la carga de trabajo del Tribunal Constitucional, pero subraya que 'este tema no puede estar judicializado de manera indefinida'. Aunque también apunta a la existencia de motivos políticos, como la posición común del PSOE y el Partido Popular sobre las selecciones autonómicas.

Para el diputado del PSC Josep Casajuana la politización de este asunto es más propia de la sociedad española que de la catalana. 'En España, el deporte es entendido como una cuestión de Estado, mientras que nosotros tenemos una visión más laica', razona. Casajuana confía en que 'una selección catalana sea vista como normal' en breve.