Una 'verdadera y acabada declaración de culpabilidad en toda regla' es como interpreta la defensa de Baltasar Garzón el auto con el que el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dio por concluida la instrucción de la causa por las escuchas del caso Gürtel, y confirmó la imputación del juez por los delitos de prevaricación y uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

El recurso, con el que Garzón pretende que el propio Jorge Barreiro revoque su resolución y, en su lugar, archive el caso, comienza mostrando su 'preocupación' por la argumentación utilizada por el alto tribunal. Y ello porque, 'desde una acotación fáctica claramente sugerente', realiza 'un ejercicio de aseveraciones pretendidamente irrefutables' para afirmar que Garzón prevaricó al vulnerar el derecho de defensa de los imputados presos en el caso Gürtel.

Pide que se revoque la resolución del juez Jorge Barreiro y se archive la causa

Algo que todavía entiende que es más grave si se tiene en cuenta que la instrucción no ha concluido. El abogado de Garzón en esta causa, el penalista sevillano Francisco Baena Bocanegra, insiste en el recurso en las diligencias que solicitó el mismo día que se confirmaba la imputación del juez.

Quiere que declaren el actual instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira; el querellante y ex fiscal Ignacio Peláez, abogado del imputado José Luis Ulibarri, y los responsables policiales que solicitaron y controlaron la intervención de todas las conversaciones de los imputados presos, entre las que se incluían las que mantuvieran con sus abogados.

El juez justifica los pinchazos porque se investigaba cómo se lavaba dinero

También tiene que declarar el propio Garzón y, antes de darse por concluida la instrucción, debe levantarse el secreto de todo el caso Gürtel, porque aún hoy permanecen bajo secreto las intervenciones que se hicieron en la cárcel madrileña de Soto del Real. La defensa quiere conocer, además, todas las diligencias hechas en la causa, cuando estaba en manos de Garzón y tras asumirlo Pedreira. El recurso hace especial hincapié en el auto que dictó este juez el 20 de abril, que prorrogó la intervención de las conversaciones.

El magistrado Barreiro poco menos que deja sólo una vía de escape a Garzón: el error en la aplicación de las normas, porque comparte con la defensa y el fiscal que la intervención de las comunicaciones es posible a través del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso cuestiona ese planteamiento y acusa al magistrado del Supremo de 'hacer un ejercicio de predicción sobre posibles argumentos de la defensa, desde luego extramuros de toda posibilidad plenamente absolutoria'. Lo que convierte el auto impugnado en una insinuación anticipada de 'decisión final' condenatoria.

Destaca que en la instrucción quedan todavía testimonios pendientes

Tras compartir los alegatos que Jorge Barreiro hacía en la resolución sobre la importancia del derecho de defensa en el Estado democrático, Baena Bocanegra cuestiona que considere sólo posible la intervención de las comunicaciones en casos 'sumamente extraordinarios', y cuando 'existan indicios sólidos y enjundiosos de que el letrado esté en connivencia con el afectado'.

Porque el auto no ofrece 'ni un solo dato que permita asegurar que el conocimiento del contenido de las comunicaciones afectó al derecho de defensa de ninguno de los interesados internos o que, cuando menos, haya justificado la realización de alguna diligencia de instrucción'. Y ello porque el propio Garzón ordenó excluir las conversaciones que afectaran a la estrategia de defensa.

Garzón recuerda que excluyó grabaciones que afectaban a las defensas

Por si quedaba alguna duda, la defensa insiste en que las comunicaciones que se intervinieron fueron las de los imputados presos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez (los dos primeros acusan a Garzón en esta causa) y no las de sus abogados. Pero lo que hablaron con sus defensas no se salvó del pinchazo, porque el objetivo era 'encontrar a los colaboradores o enlaces de los detenidos con el exterior', a través de los que podían seguir blanqueando dinero para ocultar a la Justicia lo ilícitamente obtenido.

El recurso reprocha a Jorge Barreiro que no haya profundizado en el principio de proporcionalidad; es decir, en si la situación justificaba la medida acordada por Garzón, aunque para ello tuviera que 'colocarse en la posición de sustituir al querellado y decidir sobre algo que sólo corresponde' al juez predeterminado por la ley y se enmarca en la independencia judicial. Y lamenta que 'un proceso por prevaricación, artificialmente provocado, sea el escenario para revisar el acierto' o desacierto del primer instructor de la Gürtel.