El grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, impulsor del reconocimiento a las mujeres vejadas durante la guerra y el franquismo, continúa pisándole los talones a la Administración. En un escrito enviado al Comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, Juan Gallo, solicita ampliar el plazo para que las mujeres humilladas –rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricino o incluso violadas– puedan pedir la indemnización de 1.800 euros aprobada por la Junta de Andalucía el pasado 21 de septiembre. Ese mismo día, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, consideró “suficiente” los tres meses establecidos en el decreto.

CGT-A, que también ha reclamado un grupo de trabajo sobre memoria histórica en el Parlamento, pide más implicación de la Junta en la difusión del decreto. “La divulgación no puede quedar, o recaer exclusivamente, sobre los medios de comunicación (...) ni sobre aquellas entidades, asociaciones y grupos memorialistas que se están identificando a favor de este asunto”, dice en el escrito Cecilio Gordillo, coordinador del grupo.

La fórmula más adecuada, según Gordillo, es la difusión a través de instituciones como los ayuntamientos, diputaciones o residencias de la tercera edad. Bien mediante trípticos o incluso mediante un encuentro con los responsables de esas entidades. “Como en otros temas de memoria, las instituciones vuelven a pasar de puntillas” , añade. Hasta el momento, 16 mujeres han solicitado la indemnización. Todas son ya muy mayores. El plazo concluye el próximo 14 de enero.