Catorce meses después de que el Congreso de los Diputados aprobase por unanimidad instar al Gobierno a que promoviese 'en el ámbito de las relaciones bilaterales y en el seno de los organismos internacionales' que Naciones Unidas supervise 'los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf', el resultado es desolador.

No consta que, desde entonces, el Gobierno se haya dirigido a la ONU oficialmente para reclamar ese cambio pedido por los grupos parlamentarios. Y la realidad es que, a día de hoy, los objetivos fundamentales de la misión especial para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) siguen siendo la vigilancia del alto el fuego y que las dos partes cumplan los acuerdos militares.

La misión saharaui es la única de la ONU que no vela por la población civil

El desmantelamiento del campamento Dignidad llevado a cabo por la fuerzas de seguridad de Marruecos y los posteriores incidentes en la ciudad de El Aaiún (capital administrativa del Sáhara ocupado) han puesto de relieve que la vigilancia de los derechos humanos en la región es cada vez más necesaria.

El grupo parlamentario ERC-IU-ICV, por ejemplo, viene reclamando una 'actitud más activa' al Gobierno desde el comienzo de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En septiembre de 2009, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, encargado de defender la proposición no de ley para que el Gobierno español solicitase la ampliación del mandato de la Minurso, recordaba que 'los saharauis son blanco permanente de la represión'. También alertaba de que las organizaciones de derechos humanos seguían 'denunciando la instauración de un clima de miedo en las calles de El Aaiún'.

Según Jiménez, hay alguna posibilidad de que la Minurso amplíe sus labores

El resto de grupos políticos se mostraron partidarios de que la misión de la ONU supervisara los derechos humanos, si bien el PSOE presentó una enmienda al redactado haciendo alusión al necesario 'consenso entre las partes'.

La situación actual en el Sáhara Occidental ha llevado a la nueva ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, a retomar esta cuestión. Así lo expresó la pasada semana en la Comisión de Exteriores, donde compareció para explicar la actuación del Gobierno desde el 8 de noviembre. El pasado sábado, durante la celebración de la cumbre de la OTAN en Lisboa, Jiménez insistió en la 'posibilidad' de que la Minurso 'amplíe sus capacidades para la vigilancia y protección de los derechos humanos', conforme a ese mandato del Congreso aprobado hace un año.

De momento, el mandato de la Misión de Naciones Unidas acordado por el Consejo de Seguridad en abril de 2010, que tiene vigencia de un año, dejó fuera la vigilancia de los derechos humanos. Su revisión formal se producirá en 2011.

Las denuncias sobre la violación de derechos de la población saharaui se suceden desde todos los frentes tras el asalto al campamentos de Gdeim Izik. Ayer, la corriente de opinión Izquierda Socialista, del PSOE, emitió un comunicado en el que condena 'la agresión marroquí al pueblo saharaui' y pide al partido y al Gobierno de Zapatero que también lo hagan, 'exigiendo a Marruecos colaboración activa en el marco de la ONU para la justa resolución del conflicto'.

Anoche, el Gobierno marroquí calificó de «justa» la actuación del Ejecutivo español y situó en el 'contexto preelectoral' las voces críticas que se han alzado en España contra la gestión de la crisis por parte del Gabinete de Zapatero.