La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya formalmente al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que se inhiba a favor de Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCL) en lo que concierne a los aforados de esa comunidad que supuestamente recibieron sobornos dela trama corrupta.

Si, como parece previsible, Pedreira accede a la solicitud de la Fiscalía, el caso Gürtel estará ya en manos de tres tribunales: el Superior de Madrid, que investiga el núcleo central de la trama; el de Valencia, que aún no se ha pronunciado sobre si indagará en torno a la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad; y el de Castilla y León.

Entregado ayer, el informe de Anticorrupción por el que cursa su solicitud de inhibición no califica los presuntos delitos cometidos pero cifra las cantidades que supuestamente habrían recibido distintos cargos del PP a cambio de la adjudicación de la variante de Olleros (León), efectuada en abril de 2003 y de la que se benefició Teconsa, una de las empresas que más participó en los supuestos manejos de la trama corrupta. El presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, habría recibido 24.000 euros. Habrían cobrado también el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; Gerardo Galeote, ex eurodiputado y ahora asesor de Rajoy en temas europeos; y el ex diputado Jesús Merino. Correa se habría reservado para sí una parte del total pagado por Teconsa a cambio de conseguir la construcción de la citada variante.

Los informes policiales emitidos desde que en febrero de 2009 estalló el caso ya señalaban al presidente de las Cortes castellano-leonesas y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, Toti, como perceptor de cobros.

Otros informes también implican a la actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente, pero el escrito entregado ayer por la Fiscalía no la incluye. Hay dos contratos bajo sospecha, ambos adjudicados a la empresa Teconsa. El primero se refiere a la ya citada construcción de la variante de Olleros del Alba (León) y el segundo, a la planta de residuos de Gomecello (Salamanca). 

Salvo viraje de última hora, el juez Pedreira decidirá a comienzos de la próxima semana si accede a la petición de la Fiscalía, aunque todo indica que dará su conformidad dictando un auto de inhibición. El inminente levantamiento de las actuaciones que aún permanecen secretas en el sumario Gürtel obliga a adoptar una decisión rápida sobre lo ocurrido en Castilla y León.

La nueva inhibición de Pedreira se producirá así, previsiblemente, antes de que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) se pronuncie sobre si acepta o no investigar la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad.

El precedente valenciano, cuyo tribunal superior ha estado mareando la perdiz durante más de un año, extiende sombras de duda sobre cuál será la actuación del TSJ de Castilla y León.