El Gobierno guardó ayer silencio sobre el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) acerca de la crisis del Sáhara, en el que esta ONG documenta con testimonios de víctimas los 'repetidos' abusos contra la población civil de El Aaiún practicados por Marruecos en el asalto al Campamento Dignidad y la represión aplicada en la zona, sistematizando todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Público aseguraron 'desconocer' el contenido del documento, hecho público a primera hora de la mañana por HRW. El Gobierno perseveró así en su rechazo a condenar los hechos, limitándose de nuevo a 'lamentar' lo ocurrido.

Tampoco desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se dictó condena alguna, a pesar de que el Gobierno ha justificado hasta ahora su negativa a condenar el ataque hasta que un organismo 'independiente' informe de forma 'clara' sobre el alcance del conflicto, como reclamó recientemente su titular, Trinidad Jiménez, en el Congreso.

A preguntas de este diario, Exteriores se limitó a reiterar su 'rechazo a todo tipo de violencia' y a 'expresar de forma permanente su respeto por los derechos fundamentales'. Las mismas fuentes diplomáticas recalcaron que Jiménez fue la primera en pedir una investigación independiente sobre los sucesos de Sáhara y ha solicitado a Estados Unidos en su encuentro del pasado sábado con su homóloga, Hillary Clinton, que Washington eleve el nivel de la reunión de Amigos de Sáhara a un nivel político, ahora es técnico, para abordar esta crisis.

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, perseveró también en no condenar el ataque. Actitud que justificó en la necesidad de 'mantener la capacidad de interlocución de España con Marruecos y el Frente Polisario'.

'No suscribo la condena a Marruecos porque no está en la resolución del Parlamento Europeo' aprobada el jueves, según señaló Zapatero en declaraciones a RAC 1. En esta declaración, la Eurocámara pide investigar los sucesos.

Esta negativa contrasta con la condena que sí han pronunciado hasta ahora 14 parlamentos autonómicos todos salvo Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León donde han prosperado mociones de apoyo al pueblo saharahui o de condena al ataque marroquí, como han acordado el País Valencià e Illes Balears.

Todas estas declaraciones han contado con el voto favorable de los parlamentarios socialistas, ya que la unanimidad de la cámara es necesaria para su aprobación, aunque el líder del PSOE se haya enrocado en su rechazo a condenar el asalto al asentamiento de Gdeim Izik.

En relación con esta crisis, el Ejecutivo se limitó ayer a proclamar su intención de 'seguir hablando con Marruecos' para permitir que Rabat levante el veto impuesto a la prensa en El Aaiún y permita informar con libertad sobre estos hechos.

La tibieza del Ejecutivo ha abierto una brecha entre los colectivos pro saharauis y el PSOE. Ayer, un grupo de activistas increpó al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en un acto público en Salamanca. 'Es muy fácil gritar a favor del Sáhara y es mucho más difícil defender al pueblo saharaui en la escena internacional, y eso es lo que hace el Gobierno', replicó el ministro.

El rechazo del Ejecutivo a la condena rearmó un día más las críticas de la oposición. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, tachó de 'cínica' la actitud del Gobierno. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, denunció la 'ambigüedad calculada' del Gobierno en un conflicto en el que 'en la práctica, hay un alineamiento del Gobierno de España con las posturas más agresivas de Marruecos'.